Qué pasa en San Luis?
Por Daniela Pierotti
Vamos de a poco
Después del fracaso de la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saa, asume como Gobernador de San Luis, el 25 de mayo de 2003, su hermano: Alberto Rodríguez Saa. Bienvenido al clan.
"El Alberto", quien nunca tuvo una imagen positiva, paradójicamente obtuvo en la provincia un sospechoso porcentaje de sufragios mayor al que logra su hermano como candidato a Presidente. Se justifica su triunfo (por nada menos que el 90 % de los votos) en el hecho de que el resto de los partidos políticos, disconformes con la caducidad de todos los mandatos, dispuesta por decreto del mismo gobierno puntano, es decir por el clan de los Saá, no presentó candidatos. Además, ese mentiroso 90% representa en realidad alrededor del 60 % del electorado, cifra a la que se le debe restar los votos en blanco y la fracción opositora.
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Ya en el puesto, El Alberto se movió rápidamente. Sancionó una ley, propuesta para la Nación durante la campaña de su hermano, que establece la revisión de todas las leyes provinciales. De esta manera, el gobierno de los Saá con mayoría parlamentaria, se aseguró el chequeo y modificación de todo el paquete legislativo, y así logró obtener el poder absoluto de todas las instituciones provinciales. Instituciones que no son tales aunque parezca que funcionan de la misma forma. Empezó por reformular los Ministerios, cambiando sus denominaciones y modificando sus estructuras orgánicas, por supuesto que no para bien. El Ministerio de Economía pasó a llamarse Del Capital, el Ministerio de Cultura y Educación, Del Progreso, y así con los otros tantos, de modo que se profundizó el caos administrativo del funcionamiento del Estado que ya había sido patrocinado por Adolfo. Por debajo de estos Ministerios instaló Programas, Subprogramas y Áreas en los que existe una concreta indefinición de roles por la desjerarquización de funciones que se instaló para que puedan existir.
En este contexto es difícil adivinar por dónde corren los trámites administrativos, aunque uno imagine cuáles fueron las causas y los objetivos, que provocaron una modificación semejante en la estructura orgánica del Estado Provincial, y lo que es más sospechoso, que ese cambio se produjera de la mañana a la noche, sin ninguna consideración para con los trabajadores estatales, ni el pueblo. Desorden como funcionamiento del reino, o DESORDENA Y REINARÁS, puede refrasearse aquí el conocido refrán. Lo cual no es una instauración o una novedad en ésta, ni en las demás provincias argentinas, sino una continuación, más pulida del caos previo.
Según el análisis que en su documento desarrolla el Movimiento Multisectorial del Pueblo de San Luis, como se hacen llamar, hay puntos clave en la historia social y política de la Provincia de San Luis que han coadyuvado para que la Familia Saá se perpetuara en el manejo de los poderes del Estado. Y enumeran:
- Preexistencia de la Dictadura Militar al Gobierno de La Familia, con un impacto devastador sobre la actitud participativa de la comunidad, acentuado en el interior de la Provincia, que incidió fuertemente como un inhibidor colectivo en la dinámica política de la sociedad Sanluiseña.
- Reforma Constitucional de 1987, que permite la reelección indefinida del Gobernador de la Provincia.
- Proceso de Radicación Industrial favorecido por los regímenes de promoción que, aunque viciado de corrupción, generó una importante expansión del empleo, cuyo rédito político recayó en favor de la Familia Gobernante.
- Utilización de los recursos del Estado en todos los procesos electorales.
- Fuerte interferencia con prácticas desleales en diversos sectores de oposición para generar sobre ellos un importante desaliento social.
- Manejo arbitrario de medios de comunicación, muchos de ellos de propiedad de la Familia.
Y esto, nada más que para comenzar. Hay más, que es mucho, que estoy segura no le sorprenderá en lo más mínimo si es que usted tiene una somera idea de la situación de Santiago del Estero, entre otras, muchas, provincias del país.
Entre otros hechos, podemos mencionar que el actual Gobernador de San Luis basa su gestión en su denominado Plan de Inclusión ("Pico y Pala") y en la conformación de la Policía Comunitaria o "protectores" que deambulan sin rumbo con un chaleco identificatorio y una linterna, o los coloca por decenas al frente de la Casa de Gobierno. Ambos grupos constituyen unas cincuenta mil personas subsidiadas, que son "mujeres y hombres políticamente cautivos, utilizados para movilizaciones políticas donde se les toma asistencia, al punto que al decir del Gobernador, tiene a su disposición a "la más grande Unidad Básica" de San Luis", declara el documento al que antes hicimos mención.
El Conflicto Docente como parte de otros tantos.
El conflicto detonante de la serie de marchas y protestas de abril y mayo de este año, fue el conflicto con el sector docente de la provincia. Los docentes tomaron la iniciativa de copar las calles y los espacios públicos como medida de protesta. En ese sentido, el sector docente fue el emergente de una larga historia de avasallamiento que tuvo su pico máximo en la madrugada del jueves 29 de abril cuando el gobernador Alberto Rodríguez Saa ordenó reprimir a los docentes que ocupaban el hall central de la legislatura provincial.
La lucha que lleva adelante la Asociación Sanluiseña de Educadores (ASDE-CTERA), tuvo su origen cuando el gobierno decidió dar curso a un decreto que avalaba la presencia de interventores en las escuelas. Esos funcionarios eran designados por el gobierno de Rodríguez Saa. Su labor estaría centrada en vigilar las actividades de cada docente y elevar un parte al Poder Ejecutivo, además de intimidar a aquellos que quisieran organizar acciones contrarias a las políticas oficiales.
La intención del gobierno es la de preparar el terreno para que en corto plazo se pueda iniciar el proceso de privatización de la educación en la provincia. Esta afirmación, sostenida por ASDE, a través de su secretaria general Graciela Murúa, tiene su respaldo en el hecho, que también afirman, de que la provincia puntana fue "desde siempre laboratorio experimental de los proyectos neoliberales, y no es de extrañar que la enajenación de la educación sea un ensayo para luego extenderse a otras provincias". Y aquí empezamos a entender, más allá de los conflictos y las multisectoriales y los dividendos de la familia Saá, qué es lo que realmente pasa en San Luis y es dónde empezamos a entender una serie de procedimientos y medidas nacionales respecto de la situación actual de esta provincia.
Volviendo a la denuncia de los docentes, ellos explican que "bajo el rótulo de Escuela Autogestionada, existen muchos establecimientos provinciales que son manejados como una especie de sociedad anónima. Algunas funcionan de acuerdo a lo proyectado, en especial aquellas que están insertadas en barrios de clase media, mientras que en las que están en zonas más pobres se visualiza un importante deterioro en el sistema educativo y edilicio". Concretamente, en el Municipio de Merlo, donde se lanzó el plan piloto de este proyecto, las escuelas son subvencionadas por los padres de los alumnos porque el gobierno provincial dejó de brindar asistencia, abriendo un proceso de privatización a muy corto plazo.
La reforma del Estatuto del magisterio en forma inconsulta es otro claro ejemplo de que el objetivo del gobierno es la concentración del poder. Dicha reforma prevé nada menos que la eliminación de los concursos por Antecedente y Oposición para acceder a los cargos de maestro de grado o para el de director de escuela. Hasta ahora, dichos concursos han sido la única garantía de transparencia en el acceso al sistema educativo. Con esta modificación, el gobierno se aseguraba el nombramiento de directores de escuela digitalizando, como si se trataran de cargos políticos.
Por otra parte, el gobierno hubiera estado habilitado, si la reforma hubiera tenido lugar, para dar de baja los cargos docentes y reemplazar docentes titulares, por amigos del sector político obviamente. El cambio también preveía el traslado del cargo a otra escuela.
Además de todo esto, existió la aprobación de una ley que acredita la designación de inspectores de escuelas basados en un reglamento que favorece los intereses oficialistas, sumado a que, además, mediante la intervención de la Junta de Clasificación Docente, el gobierno se asegura los puntajes para los maestros de confianza. El viejo truco de los concursos truchos, archiconocidos en nuestra esfera local.
Por último, en 1987, con la reforma de la constitución provincial, el Consejo de Educación Provincial, con rango constitucional, fue uno de los tantos órganos interdisciplinarios abolidos. Adivine por qué, porque sus miembros, especialmente preparados en materia educativa, eran elegidos por el voto indirecto de los docentes y tenían la responsabilidad de revisar los planes de estudios.
En definitiva, que en el gobierno haya desistido de la aprobación de las enmiendas al estatuto docente, fue un porotazo. El destino de la educación provincial, está por ahora a salvo de los planes Saádicos.
Tomar esta "resolución" como la resolución del conflicto es una mentira. Porque las medidas de lucha convergieron en una serie de reclamos que iba más allá de este conflicto puntual, cuya resolución se dio por voluntad del mismo Saá, aunque haya que reconocer el aporte de la presión popular. Creernos que él logró poner fin a esto es una idea que no comparto, y creo que los dos niveles de gobierno, provincial y nacional, se agarraron de este punto de la lucha, el más álgido por lo urgente de su implementación, para especular y manejar el futuro político de la provincia. Pero me explayaré en esto más adelante.
La Multisectorial que se forma a raíz del reclamo docente (de la que forman parte docentes, ATE, CTA, municipales, laicos autoconvocados, viales, padres de alumnos autoconvocados, Sociedad Rural, estudiantes, universitarios y partidos de la oposición, como así también uno de los intendentes de la capital provincial, el opositor Daniel Pérsico) es la que tiene claro que los objetivos a concretar son la intervención de la provincia y la remoción del mandatario actual de la provincia. Por fuera de estas dos premisas, es decir por dentro de la realidad puntana, todo acuerdo o supuesta solución, no será tal. Con el mismo gobierno especulando con sus propias políticas para flexibilizar un poco más o menos el reclamo y la presión popular, cualquier logro, cualquier avance no es tal. A menos que se proponga ir con esta técnica desplazando del poder a los que están. Y explico por qué, adhiriéndome a lo que denunciaba la Multisectorial hasta hace una semana atrás:
- Está ampliamente demostrado que el Poder Judicial de San Luis además de inoperante, esta condicionado por su obsecuencia y servilismo, a la familia gobernante: más de treinta crímenes no esclarecidos (caso emblemático: Luna, Martínez),
fallos equivocados y aberrantes (caso emblemático: Nelson Madaf), e innumerables resoluciones (caso emblemático: fallos que desconocen la Autonomía Municipal), corroboran sobradamente la inexistencia del servicio de justicia para el pueblo Sanluiseño y la acumulación de un poder sin límites, en manos de la familia gobernante.
- El Poder Legislativo con mayoría Justicialista, carece hasta de pudor político ya que desde siempre y en los distintos períodos, ha obedecido ciegamente a los hermanos Rodríguez Saa.
- El Poder Ejecutivo reúne por lo tanto, la suma absoluta de los tres poderes del Estado.
Por lo tanto, la intervención de la provincia por parte del estado nacional, sigue siendo aún hoy, cuando parece que han cedido los reclamos, cosa que no es tal, y lo prueba la constante amenaza que tienen los medios de difusión locales, aunque ya nada se diga a nivel nacional sobre San Luis, repito, sigue siendo aún hoy absolutamente necesaria. La corrupción, el enriquecimiento ilícito y el autoritarismo de veinte años por parte de los hermanos Rodríguez Saá, que existe en la provincia de San Luis, generaron un profundo estado de desgobierno y la actual conducta del gobierno nacional agudiza el estado de desamparo existente. Ya que se intensifica día a día la metodología represiva del gobierno.
La intervención que no fue ni será
El pueblo sanluiseño está sometido a la voluntad de una sola familia. Sin embargo, no había intención (ni la hay) de intervención por parte del gobierno nacional. Para el Presidente la mediación desde fuera de este circuito familiar consistió sólo en eso: una mediación para lograr un acuerdo de partes. Con esto, indirectamente lo que hizo, fue dejar nuevamente en manos de los Saá la resolución del conflicto.
El gobierno de los Saá, dio un pasó atrás en la modificación del estatuto, y enseguida en los titulares de los periódicos más destacados se publicó que Finalizó el conflicto en San Luis. Por obra y gracia del salvador Alberto Rodriguez Saá. Así volvemos, obviamente, a la trampa que ratifica que TODO queda y vuelve a quedar en manos de los Saá.
La descompresión del conflicto, alivió el aire en la Rosada. Porque a pesar de los enérgicos reclamos opositores, el Gobierno nunca pensó en intervenir la provincia. Se alentó siempre la posibilidad de un arreglo, precario, dentro de los carriles institucionales. Intervenir San Luis y llamar a elecciones podría dar un nuevo triunfo a los Rodríguez Saá, "legítimo", y eso hubiera significado que el aparato de poder que los Rodríguez Saá construyeron en estos años es imposible de desmontar por ahora. El Gobierno no piensa embarcarse en batallas perdidas de antemano, y de hecho piensa cuidar algunos clanes.
La salida elegante se dio, de hecho, cuando Rodríguez Saá buscó refugio en el Gobierno nacional para mantenerse en el cargo y obtuvo un gesto del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien se enojó con los dirigentes docentes porque le trasladaron sus reclamos al gobernador quien aceptó retrotraer la situación a cambio de que levanten el paro y ellos siguieron con la medida de fuerza. En realidad, El Alberto, vio protegida su perpetuación en el poder y por eso aceptó renegociar el estatuto docente, lo más simbólico. Y en definitiva juega varias cartas, entre las principales se asegura la banca, y quizás calme a las fieras que pueden llegar a romperse por el cese de reclamo de uno de los sectores más pujantes de la Multisectorial.
El proteccionismo incubierto sobre los Saá tiene cara de cumplimiento de criterios federales de la Constitución Nacional, el recurso más manoseado y tergiversado que existe, rehecho para eso, y por esto mismo el gobierno nacional se acuerda en cada opinión que emite sobre San Luis del artículo quinto que garantiza la vida republicana de las provincias y dale que va con el artículo quinto y la Constitución Nacional, que en paz descansen para todo lo que sirva de defensa ciudadana y ejercicio democrático.
Si la pregunta es porqué, habrá que remitirse a la línea 23 de este informe. No se moleste, se la transcribo: "desde siempre laboratorio experimental de los proyectos neoliberales...", refiriéndose a la provincia en cuestión.
"La resolución del conflicto está en manos del gobernador. No cabe mucho análisis: en un sólo día se trató en la Legislatura el aumento a los estatales y se arregló el conflicto con la Policía (que se había autoacuartelado)",
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Rapidísimo Mientras el paradero del gobernador Alberto Rodríguez Saá permanecía en absoluta reserva, la policía se acuarteló, en reclamo de una mejora salarial. Un amplio sector de la fuerza, miembros en su mayoría de los estratos medios y bajos de la policía, abandonó sus funciones y se acuarteló en el tercer piso de la Jefatura de la Policía de la capital puntana. Días antes, los efectivos de las comisarías Primera y Tercera, con jurisdicción sobre la zona de Casa de Gobierno y la Legislatura, se habían mostrado molestos por los ascensos dispuestos en las últimas semanas por el gobernador que beneficiaron a miembros de la cúpula y personas cercanas al mandatario. Y manifestaron serias diferencias con el jefe de la fuerza, Víctor Hugo Malavasi. Además criticaron la colocación de la insignia del plan para desocupados en los nuevos patrulleros que no llevan el escudo de la fuerza ni la bandera argentina. En Casa de Gobierno no había ningún uniformado de custodia, pese a que en la sede gubernamental estaban los desocupados y en el parque casi un millar de personas en protesta. Repentinamente, la Cámara de Diputados dio "sanción definitiva" al proyecto de Ley de Reordenamiento Administrativo de los Recursos Humanos de la Policía Provincial y ratificó los términos de la Ley Orgánica de la Policía Provincial. El proyecto obtuvo la media sanción por la mañana en la Cámara de Senadores y se giró a Diputados, donde se obtuvo la sanción definitiva en forma unánime. Fuentes: DyN/Telam |
Todos los sectores
No es de menor importancia la situación por la que atraviesan trabajadores y dirigentes del Sindicato Vial de San Luis. A este sector, el gobierno no le permite el ingreso a la repartición y le adeuda salarios desde hace más de cinco meses. Los trabajadores viales han levantado una carpa en la que resisten esta arbitrariedad. Habiendo un fallo judicial a favor del sector, el gobierno desobedece sistemáticamente la ejecución del mismo.
Por otra parte, es conocida en todo el ámbito nacional la situación de que existen dos Municipalidades en la Ciudad Capital. Basándose en que la legislación le confiere al municipio capitalino el derecho a su autonomía, el Movimiento Multisectorial reconoce como legítima y legal a la comuna conducida por el Intendente Daniel Pérsico. La otra Intendencia, sin respaldo legal, y producto de una elección convocada desde la Provincia, impedida por la legislación actual, de interferir dicha autonomía, es conducida por la oficialista María Angélica Torrontegui. Como con este recurso los fondos coparticipables son derivados a la Intendencia de la línea del gobierno provincial, los municipales del sector de Pérsico tienen serias dificultades en precibir sus salarios mensuales. Actualmente, luego de una audiencia de mediación frente a la Corte Suprema de la Nación surgió la posibilidad de una salida electoral. Pérsico reclamó un plebiscito. Ahora los Rodríguez Saá acceden a esa posibilidad.
Los trabajadores estatales, a través de ATE-CTA reclaman $ 250 de aumento salarial, y el cese de persecuciones y amenazas constantes. La caducidad de algunas leyes que regulan los derechos del trabajador estatal pone a este grupo en un riesgo constante. Este sector ha sido sometido a "la caprichosa intolerancia de la familia gobernante durante veinte años. Manifiestan temor permanente y un angustiante estado de asfixia que los limita en su dinámica laboral", según el informe de la Multisectorial.
Además del conflicto con el sector judicial - concretamente: por causas eminentemente políticas se ha exonerado a dirigentes de uno de los dos gremios (SIJUPO), por adscribir a una línea opositora al gobierno - se suma otro eje de conflicto entre el Gobierno y la Multisectorial: Rodríguez Saá convocó a una consulta popular para definir la continuidad de los planes a desempleados que administra su gobierno.
Los beneficiarios, que perciben 330 pesos mensuales, son quienes respaldan en la calle al gobernador y protagonizaron roces con los integrantes de la Multisectorial en las marchas.
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Siguiendo con la enumeración, se suma a estos el conflicto con la Iglesia Católica local. El Gobernador despojó a Congregaciones Religiosas de la administración de los Institutos Colonia Hogar, Materno Infantil y Hogar de Ancianos. Tales medidas ocasionaron una fuerte oposición de toda la sociedad puntana y particularmente del pueblo católico y su Iglesia, razón por la que se formó el movimiento Laicos Autoconvocados que comenzó a sumarse a las manifestaciones de las calles de San Luis.
Ningún reclamo ha sido oído, excepto el que puso fin a un posible tambaleo en la conducción familiar y que le obligaba a Kirchner a hacer y no a amagar. Una vez más zafaron los que realmente mandan en San Luis, los Saá, amparados por el gobierno de Kirchner.
Hace poco hablaba con alguien que me decía que el pueblo argentino se siente mejor porque lo que hizo Kirchner fue darle una esperanza a la gente, darle "esperanzas". Muchos se esperanzaron. Lo real es más de lo mismo, una mentira. Dar esperanza, eso es lo más perverso de este gobierno kirchnerista.
NOTA: Aparte de algunos medios locales de difusión (El Cuyano), una de las fuentes principales utilizadas para la elaboración de esta nota fue el "Análisis de la situación social y política en la Provincia de Luis", San Luis 30 de abril de 2004, del Movimiento Multisectorial del Pueblo de San Luis.
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