Derecho a la conciliación

por Miguel Espinaco

La Constitución Argentina lo consagra como un derecho que tienen los trabajadores: "queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga" dice el artículo 14 bis, poniendo el derecho a la conciliación al mismo nivel que el derecho a la huelga, es decir al mismo nivel que la autorización constitucional que tienen los trabajadores para retacear el propio "saber hacer" a la patronal, para forzarla a mejorar las condiciones de trabajo o el salario.

Pero como casi siempre, la ley está bien lejos de la realidad, especialmente cuando aparece sesgada por el interés de un sector social que la impone a los otros. Lo cierto es que ningún trabajador siente hoy la conciliación como un derecho que, para colmo de males, no tiene nada de instancia a la que los trabajadores puedan recurrir, sino que ha mutado en una imposición obligatoria.

Basta una recorrida por las palabras que usa cualquier laburante para referirse a la conciliación obligatoria, para descubrir que la percepción que tienen los trabajadores de este mecanismo no tiene nada que ver con la esperanza de un diálogo fructífero: la conciliación siempre es demora, siempre es una maniobra de los patrones para desarmar las huelgas, siempre es trampa. Con los dedos de la mano, pueden contarse las veces que los trabajadores piden ser conciliados - y esas veces en general no se aplica - porque casi siempre a los trabajadores les meten la conciliación, se trata de una imposición contra su voluntad y entonces, la discusión es si hay que acatarla o no acatarla, si hay que violarla o no, todo tan lejos de un derecho para festejar como un triunfo.

Y no se trata para nada de un capricho, de una desconfianza injustificada, de una obcecación sin ton ni son. Cualquiera se da cuenta de que los patrones pueden aumentar los precios sin mecanismos tan engorrosos, sin esperar quince días hábiles y quince de prorroga para que les den finalmente una partecita de lo que piden. En la carrera entre los precios y los salarios - o sea en la carrera entre las ganancias patronales y los ingresos populares - la conciliación obligatoria es apenas una zancadilla más que se les hace a los trabajadores para que se retracen.

El tercero imparcial

El Estado está lejos de ser un tercero imparcial, incluso en la discusión entre un patrón particular y sus trabajadores, un tercero capaz de sentar a las partes para que negocien "con entera libertad", como diría el Secretario de Trabajo santafesino. En la democracia representativa, las instituciones representan en realidad a los dueños del capital, y sus leyes están hechas a su medida. Mientras usted es conciliado por el Estado que hace pose de neutral, transcurren las subas de precios, las renegociaciones de deuda que aumentan la porción de la torta que se llevan los acreedores, las devaluaciones que bambolean los mercados y los tarifazos. Todos tienen revancha en este sistema, y sin tantos miramientos, para mejorar su participación en el reparto. Todos menos los trabajadores, que tienen el "derecho" a ser conciliados mientras el bolsillo se les adelgaza.

Si esta parcialidad de la ley exige, para ser compartida, cierta mirada política - el Estado es de ellos - en el caso de la conciliación dictada por el gobierno santafesino a los trabajadores docentes no parece haber dudas. El gobierno es, a un mismo tiempo, el patrón y el conciliador, de modo que una observación limitada al terreno del derecho que ellos mismos crean, alcanza para criticarla.

La conciliación - al decir de Luis Octavio Vado Grajales en "Concepto e Historia de la conciliación" - "es el acto o procedimiento, mediante el cual las partes de un litigio se proponen mutuamente fórmulas de solución; que son reguladas por un tercero imparcial, objetivo y con conocimientos jurídicos, que busca también de forma activa con sus propuestas el arreglo entre aquellas". Según escribe María Esther Gobetti en Ámbito Legal "en el plano de las relaciones colectivas, la actividad conciliatoria también consiste en la función de un tercero que facilita la reunión de las partes enfrentadas". Las negritas son obviamente mías y también obviamente, deliberadas.

El tercero brilla aquí evidentemente por su ausencia, incluso visto desde la limitada perspectiva de la juridicidad creada por los patrones. Baste decir que la Secretaría de Trabajo dirigida por Alberto Gianeschi - nombrado, claro, por el gobernador Obeid - tiene entre sus potestades la de sancionar con multas "la violación, por cualquiera de las partes, de las resoluciones dictadas con motivos de los procedimientos de conciliación obligatoria" (art. 41 de la ley 10.468) y que el producido de esas multas "ingresará a rentas generales" (art. 55). Suponé por un momento que en un ataque de imparcialidad Gianeschi decidiera sancionar a la parte patronal. ¿Cómo sería el asiento contable que haría el gobierno para pagarse a sí mismo la multa?

El que calla otorga

Es evidente que esta situación de inexistencia de un tercero imparcial - en todos los casos, pero mucho más en este de los docentes santafesinos - obliga a evaluar la conveniencia, en cada caso particular, de aceptar o no la conciliación. Y eso tiene que ver casi siempre con la relación de fuerzas.

Lógicamente, la transparente ilegalidad de esta convocatoria de un gobierno que obliga a conciliar con sí mismo fortalecía las posibilidades del rechazo, mejoraba la relación de fuerzas para rechazar el freno obligatorio a la lucha. "El estado no puede intervenir como tercero, no puede erigirse en juez de su propio conflicto, no hay ningún criterio jurídico que lo avale. El gobierno de la provincia es el empleador principal, y la OIT lo aclara en fallos reiterados del Comité de Libertad Sindical: de ser decretada, debe ser por terceros" escribía en un comunicado de prensa Amsafé Rosario. En la misma línea de análisis, destinada a fortalecer con argumentos la natural tendencia al rechazo, se expresaron todas las corrientes que pretendían deshacer la maniobra oficial: "la Secretaría de Estado y Trabajo de Santa Fe NO tienen atribuciones legales para llamar a conciliación obligatoria a la AMSAFE ya que es parte de la propia patronal con la que estamos en conflicto" escribía por ejemplo el Movimiento Horizontal Docente.

Del otro lado del arco dirigencial, los sectores encabezados por el Secretario General José María Tessa optaron por callar todos estos elementos, apenas si señalaron la "dudosa constitucionalidad" de la convocatoria pero dejándola correr, lo cual allanó de hecho el camino para que hiciera mella la campaña de Obeid y de su ministra Carola Nin. Los argumentos que daban en las escuelas y en las reuniones departamentales, hacían hincapié justamente en el temor a los descuentos o, a lo sumo, en la necesidad de aceptar para evitar un debilitamiento del conflicto apelando a una supuesta relación de fuerzas que ellos mismos estaban contribuyendo a empeorar.

Esta actitud dio pie a que algunos delegados se quejaran en la puerta del local gremial en el que se desarrollaba la Asamblea Provincial, haciendo oír la sospecha de que "a la conciliación la pidió Tessa" o a que otros cantaran en un improvisado corte de la Avenida Rivadavia - sobre la que se encuentra el local de Amsafé provincial - que "Tessa y Carola, la trenza es una sola".

Más allá de estas especulaciones, el propio Secretario General había dejado claro ya en la mañana, que su silencio que otorgaba era el directo resultado de sus intenciones que nunca había explicado claramente a sus bases. Según reproduce el diario digital Notifé Tessa había afirmado en Rosario que "llega un punto en el que hay que sentarse a discutir, aunque a uno después le digan traidor".

9000 votos en contra

El hecho de que tantos maestros - un 40 % de los que votaron - se hayan manifestado en contra de la conciliación obligatoria no es un dato menor y es de esperar que el gobierno provincial haya tomado nota de esto. En un gremio generalmente presionado por las cuestiones leguleyas - que aparecen como irrefutables a los ojos de muchísimos trabajadores - tamaña oposición demuestra que al gobierno se le ha reducido el espacio para las maniobras que acostumbra a realizar para desactivar las luchas.

Sin embargo hay otro elemento que no conviene perder de vista. Muchos votos afirmativos fueron ganados a fuerza de mantener cierta actitud combativa expresada en los plazos que la Asamblea le puso al proceso conciliatorio, a fuerza de decir entramos pero con condiciones, lo que demuestra que gran parte de los que votaron a favor de aceptar la conciliación desconfían profundamente del éxito de este mecanismo.

A partir de ahora, seguramente el gobierno ensayará en la mesa de negociaciones presidida por el empleado de Obeid Alberto Gianeschi, nuevas maniobras para dilatar alguna solución al conflicto, ofertas que buscarán la división, negociaciones eternas o promesas para algún lejano día del arquero. Hay quienes opinaban a las puertas de la asamblea provincial, que Nin, Obeid y la dirección gremial provincial habían logrado desarmar el conflicto imponiendo esta votación, pero la verdad es que se hace muy difícil coincidir con ese pronóstico en estos tiempos en el que los reclamos salariales no podrán darse tregua en medio de la guerra de los precios, que llegó a los mostradores de las carnicerías.



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Gianeschi no querrá perder trabajo

Para los poco memoriosos, vale recordar que Alberto Gianeschi fue nombrado por Obeid como Ministro de Gobierno pero ya antes de asumir cometió sincericidio contándole a LT10 que con su nuevo cargo iba a poder percibir también la jubilación de abogado a la que había tenido que renunciar por estar en el Poder Judicial.

Ante su confesión, el periodista le preguntó: "¿entonces usted está esperando la jubilación de abogado?", a lo que el designado ministro contestó que sí y agregó que "al terminar (su gestión al frente del ministerio) estaría en condiciones de jubilarme acá en la provincia porque tendría los años suficientes, los años y la edad" que a ese momento no poseía.

Después perdería su puesto en el ministerio en el que lo reemplazó Rosua y recalaría en la Secretaría de Trabajo desde la que ahora, se dedica a conciliar por cuenta y orden de Obeid.

Lo que es seguro es que será muy disciplinado con las órdenes del Jefe. No vaya a ser cosa que se quede sin Trabajo y no le alcance para jubilarse……

Los números

Los 24.063 votos que se totalizaban en la pizarra que presidía la Asamblea Provincial, se dividían en 14.302 votos por aceptar la conciliación, 8.978 por rechazarla, 67 abstenciones y 74 votos en blanco. De los casi 9.000 votos en contra, unos 4000 eran de Rosario y en otros tres departamentos - San Lorenzo, Caseros y General Obligado - había mayoría por el rechazo. En el departamento La Capital, la aceptación se impuso 3.129 a 1.353.

El diario Rosario 12, resalta como "curiosidades" algunos números: en el departamento Garay, el rechazo se impuso 247 a 0 y en 9 de Julio 350 a 0. Una goleada verdaderamente llamativa.

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