Personal transferido del Banco Provincial

"Los bancarios no buscaron esta situación"

por Miguel Espinaco y Daniel Acosta

Durante el periodo de desguase del Estado, la tan mentada era menemista-justicialista-reutemanista-obeidista, a nuestra provincia le correspondió entre otras perder el Banco Provincial de Santa Fe. Con Reutemann en el gobierno y con Baclini en la presidencia del Banco, se da una primera etapa de privatización que luego se completa con la votación en el senado aquel 7 de marzo de 1996 en el que los bancarios son reprimidos a pura bala y con la votación en diputados el 26 de julio.

Con la entrega del banco a los nuevos dueños - los conocidos hermanos Rohm - en 1998 se inicia el traspaso de más de 1700 bancarios a la administración pública, que se mantienen una situación de indefinición laboral hasta el día de hoy.

Cuanto terminaban los '90, los empleados bancarios que no lograron ser empujados al retiro "voluntario" contaron con la "opción" de seguir su futuro laboral en el Banco que pasaría al sector privado, o en el Estado, con la garantía de que serían respetados sus salarios. Unos 1.500 optaron por esto último, parte de ellos ya se ha jubilado o tiene iniciados los trámites correspondientes.

La situación no es sólo un dato de la realidad de los trabajadores activos: parte de los empleados transferidos antes de la privatización ya se han jubilado con cómputos y beneficios que los propios afectados consideran fuera de la ley y también hacen sus reclamos a través de conocidos estudios jurídicos y abogados particulares. Según se reconoce tanto en el ámbito gremial como entre los funcionarios y legisladores del oficialismo y la oposición que se han ocupado del tema, los ex bancarios quedaron al margen tanto de los incrementos salariales acordados con los trabajadores bajo por el sector público (que tienen por ejemplo los afiliados a UPCN o ATE), como de los aumentos que fueron acordándose a los bancarios. Otro perjuicio extra fue el quedar al margen de los ascensos, al no tener un escalafón claramente establecido.

El decreto 2557, aparecido recientemente, repite la lógica de un decreto anterior que nunca pudo aplicarse: insertar a los transferidos en el escalafón de la administración pública sin ninguna garantía de mantenimiento de derechos y sosteniendo nominalmente los salarios mediante la creación de un ítem "congelado", condenado a ser pasto de la inflación.

El doctor Eduardo Cóceres es especialista en materia de Seguridad Social y fue Director de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe. Desde su rol de abogado se ha compenetrado con el tema y se ha convertido en vocero de las preocupaciones de los trabajadores bancarios transferidos. En esta entrevista hablamos de la situación actual y de las perspectivas de una situación que alcanza a 1500 trabajadores en la provincia de Santa Fe.

MdH: Qué opinás sobre la situación de los bancarios transferidos y sobre la política que se da el gobierno con este decreto 2557.

EC: El gobierno sabía perfectamente que se iban a promover los juicios. Hasta ayer, creo que han entrado mil revocatorias contra el decreto. El gobierno no puede estar desconociendo que tiene al cuerpo legislativo en contra, el poder legislativo le está diciendo cómo se interpreta la ley, el mismo poder que hizo la ley les está diciendo cómo se interpreta. Hubo dos proyectos de comunicación, ustedes no lo desconocerán, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en noviembre del año pasado, diciendo que verían con agrado que se les aplique a los transferidos el escalafón bancario tal como lo dice la ley. El ejecutivo en vez de tramitarlo por donde corresponde, por Fiscalía, que la Fiscal opine, lo toma directamente Hacienda al tema y lo hace contestar por intermedio de Bonino, que es una falta de respeto, diciéndole al Legislativo, al que hizo la ley no, ustedes están interpretando mal, la ley lo que quería decir es que el escalafón bancario es para los que están en el Banco Santa Fe Sociedad Anónima. El Legislativo le dice sabemos que no podemos legislar para un banco privado, es una estupidez que nos contesten eso. Entonces ahora nosotros hicimos una gestión, que está marchando un proyecto de ley para aclararle al Ejecutivo cómo debe interpretar la ley.

MdH: El proyecto de Fascendini, del que se está hablando?

EC: Si, de Michlig. Pero ese lo ofreció antes que nada Barrera. Nosotros fuimos de entrada a hablar con Lucho Barrera y nos dijo si el problema del Ejecutivo es interpretar, es cómo se interpreta la ley, vamos a hacer otra ley.

MdH: Una ley de interpretación.

EC: Claro.

MdH: Para un transferido bancario ¿Cómo encaja el convenio bancario, dentro de una Administración Pública donde está desempeñando la misma tarea que un empleado público, todo el tema del régimen de licencia, etcétera?

EC: No, cuando se pide el escalafón bancario el régimen de licencia cambia también. Todo lo que se pide es bancario, se le aplica el convenio bancario número 18 del año 75. Vos sos un bancario que está inserto en un lugar para cumplir una determinada función, pero a vos te paga otro. Y con eso no jodés al tipo que está en carrera. Por eso me extraña también la falta de visión que tuvo en esto Maguid, por querer ocupar los cargos después de ustedes quiere que sean administrativos, pero ahora se le complica todo, porque la mano de obra del bancario es una mano calificada y ahora, supongamos en el Registro Civil, que iban a cubrir los cargos de expectativa ya UPCN presentó una nota diciendo que no, que primero están los afiliados de ellos. Aparte la Fiscal ya lo reconoció cuando hizo la privatización de Aguas. Aguas tiene cuatro sectores que la integran y le dio directamente por ley el convenio de Aguas a tres y la ley no tenía un artículo 13 como en el caso del Banco, la ley no hablaba nada y el gobierno de hecho le dio, pero se olvidaron el SPAR, Aguas Rurales, entonces Aguas Rurales le pide al Gobernador, le hace un reclamo y le dice nosotros queremos estar con el convenio de Obras Sanitarias que ya estaba privatizada. Entonces la Fiscal hace un dictamen super extenso donde dice cómo se debe interpretar la ley, que no se presupone la imprevisión del legislador y lo incorpora al SPAR, y dice que nada quita así como hay distintos sectores en la administración que tienen convenios diferentes, nada quita que el SPAR también tenga su convenio colectivo de acuerdo al de Obras Sanitarias. Yo en los juicios, le estoy haciendo valer esta contradicción: el mismo Gobernador, la misma Fiscal de Estado, cómo hacen una interpretación diferente ahora?

MdH: El problema es cómo se hacen después los derechos. En términos salariales, por ejemplo, ha habido aumentos por decretos nacionales al personal bajo convenio del sector privado, entonces al SPAR le dicen a ustedes no les corresponde. ¿No le puede pasar lo mismo a los bancarios?

EC: Yo creería que no, porque Banco de Santa Fe sigue actuando, sigue con su convenio colectivo de trabajo, y allí hay bancarios transferidos que siguen aportando a la caja de la provincia. El sistema se sigue manejando igual, no hay ninguna razón para que lo hagan de manera diferente, no hay ningún tipo de inconveniente. Te lo explico: dentro de la ley estamos discutiendo dos artículos, el 6 y el 13. El 6 no tiene ningún tipo de discusión, coincidimos con Fiscalía de Estado, el 6 es de aplicación. El 6 dice que al empleado transferido se le mantendrá el sueldo. La única discusión que tenemos allí es qué significa mantener el sueldo. Fiscalía de Estado toma como que mantener el sueldo es el techo, lo cual es imposible, nosotros lo tomamos como que mantener el sueldo es el piso, porque después de cinco años, no podés tener congelado a una persona con su sueldo, y más sacarle un decreto ahora dónde el excedente del sueldo que correspondería al cargo mínimo que le den en la administración pública, también quede congelado en una segunda columna y es no bonificable. Suerte que ahora es remunerativo, antes tampoco era remunerativo. La discusión se centra en el artículo 13. El artículo 13 no fue una propuesta del Ejecutivo. Cuando Función Pública le contesta a las cámaras, le está contestando bien en el sentido de que el artículo 13 no estaba en el proyecto original de la privatización, el artículo 13 lo puso la legislatura, la Cámara de Senadores. Yo tengo estudiado en profundidad todo el debate: en el momento que se está tratando la ley es cuando están los incidentes en la calle, cuando los bancarios están, cuando está toda la represión. Julio Gutiérrez tiene que pedir cuatro veces en un mismo día que se pase a cuarto intermedio, porque no podían sesionar. El radicalismo no le daba quórum, Julio Gutiérrez decía otra vez va a salir una ley sin la presencia del radicalismo. Entonces, la negociación, en la desesperación que tenían ellos porque la ley tenía que salir ese día, la negociación es incorporar en forma desprolija el artículo 13 que dice el convenio aplicable será el convenio colectivo del trabajador bancario. Se estaban refiriendo a los 1500 que quedaban afuera, porque el banco tenía una estructura de 3000 empleados, la parte privada iba a aceptar solamente 1500, o sea que había 1500 que quedaban afuera y eran un problema para el gobierno, entonces el gobierno le tenía que garantizar a esas 1500 personas. El decreto que sacan ahora es a todas luces inconstitucional. Nosotros ya tenemos planteados recursos administrativos previos pidiendo los ajustes salariales por todos los años no prescriptos, pero además tenemos planteada la revocatoria, creo que entran mil reclamos, vamos a plantear la inconstitucionalidad del decreto y vamos a plantear la medida cautelar de no innovar también, con lo cual el decreto yo creo que no va a alcanzar a tener ejecución, porque dónde ellos quieran ponerlo en funcionamiento en la oficina que sea pertinente, el empleado le va a decir yo tengo interpuesta una revocatoria, a mí no me reubique de acuerdo a este decreto. Y donde lo quieran reubicar por la fuerza, allí viene el recurso de amparo.

MdH: Si intentan aplicar el decreto. ¿No crees que puedan dividirse esas 1500 personas? Cargos, categorías, caso Registro Civil, Registro de la Propiedad...

EC: Al escalafón seco ninguno quiere ir, quizás tenga alguna expectativa el Registro Civil, quizás tenga alguna expectativa el Registro de la Propiedad, pero de todos modos, en la legislatura venía avanzando un proyecto de interpretación de la ley y se le ha agregado en una de las comisiones la posibilidad de que el empleado opte si quiere seguir siendo bancario o si quiere estar dentro del escalafón que le corresponde en la administración, si es más conveniente. Creo que es lo más justo, porque son solamente 1500 personas a las que hay que solucionarle un problema y a mí me parece un capricho realmente del Ejecutivo no querer hacerlo, no escucharlos, y tenemos por parte de los legisladores la crítica más abierta a la Fiscal de Estado por la variedad de dictámenes que está produciendo, por cómo está cambiando los criterios respecto a lo que ha expresado anteriormente. Un decreto anterior que quiso salir similar a éste, fue observado por el Tribunal de Cuentas, pero además obtuvo el dictamen negativo de la Fiscal de Estado que es lo que vamos a hacer valer también en este momento, porque dice que eso lesiona la igualdad de los iguales, es decir, el que tuvo la suerte de caer en el Registro Civil no es lo mismo que estar en el Ministerio de Gobierno o en el Ministerio de Educación y conste, que también lo estamos haciendo observar, que los empleados bancarios no tenían idea de la cantidad de escalafones que había dentro de una misma administración pública, por lo tanto se siente defraudados por el Estado, que no resolvió en cinco años su problema y hoy lo hace de manera rápida y lo hace mal.

MdH: ¿Qué posibilidades políticas tiene esta ley de interpretación?

EC: Ya pasó por tres comisiones. Se trata en el recinto, el jueves creo, y después pasa a Diputados, donde las conversaciones que hemos mantenido con los diputados han sido realmente coherentes con lo que hicieron ello, es decir llevarlo adelante. Hay una comunicación, una carta muy importante hecha por el diputado Ritter incluso al Gobernador, a la Fiscal de Estado, al Ministro de Gobierno, a cinco sectores importantes del gobierno donde les dice escúchennos, ustedes no nos van a decir cómo se interpreta una ley, la ley la hicimos nosotros y sabemos cómo la interpretamos. Hay además una comunicación de Zanola, apoyando a la Legislatura en el intento de que salga esta ley, diciéndole al Gobernador cómo se debe aplicar esto. Que se constituye un doble perjuicio, porque están cometiendo la barbaridad jurídica de que a los jubilados bancarios, personas que trabajaron cuarenta años y aportaron cuarenta años al sistema bancario, hoy no tienen movilidad, porque les están aplicando la movilidad de los transferidos y la movilidad de los transferidos es nada. Entonces, directamente también los sacaron de movilidad, con lo cual tenemos interpuesto un recurso de amparo.

MdH: Bueno, pero la Cámara de Diputados la controla el obeidismo...

EC: Bueno, yo soy un apasionado de la división de los poderes, para mí son tres poderes diferentes. Si yo entro a pensar que la decisión de Obeid puede llevar a que fracase una ley dentro de la Cámara de Diputados, directamente estoy pensando que se está atentando contra la democracia y guarda con esto, que en muchos países ha ocurrido que estos atentados contra la democracia después terminen realmente mal. El diputado tiene su sector, vota, tiene su criterio, responderá a un ideal político pero es diputado de todos, hay compromisos asumidos no sólo verbales sino escritos respecto, simplemente, de cómo se debe interpretar una ley. Acá no se está haciendo ningún lobby en especial, sino que se le está diciendo de buena manera al gobierno que trate de evitar al menos, mil juicios que ya están iniciados. Y si tienen dudas de que hay mil juicios en funcionamiento, le basta al Ministerio Coordinador simplemente fijarse al día de ayer cuántas revocatorias contra el decreto entraron, estimo yo que estamos cerca de las mil.

MdH: O sea que al transferido que está en el escalafón seco le conviene ser bancario y a aquel que está en un régimen especial, le conviene aceptar este decreto?

EC: Pero no es general. Dentro de los reclamos, dentro de los recursos, hay gente del Registro de la Propiedad, hay gente de Catastro. El Registro Civil prácticamente no, porque creo que habían cerrado un convenio cuando ocurrió el paro. Los demás sectores, están prácticamente todos contestes en esto. Es decir, no ser bancarios, porque bancarios ya no son, están transferidos a la administración. Pero por lo menos, hasta el momento de jubilarse, aplicarles el escalafón bancario, que el sueldo sea el bancario, que el régimen de licencias sea el bancario, para lo cual no existe ningún tipo de impedimento, se puede trabajar perfectamente con la figura del transferido como vino ocurriendo hasta ahora.

MdH: ¿Cómo se adecúan las funciones? Hoy mencionabas el caso del SPAR, pero el SPAR tiene cierta especificidad dentro de la administración pública y los bancarios estamos todos repartidos. ¿Se habló de alguna idea de cómo implementar esa organización funcional?

EC: No, imposible, si este gobierno no ha hablado nada. Este y el anterior, hace cinco años que directamente los han tenido como kelpers, abandonados, sumidos en un estado de depresión. Hacíamos una referencia en un programa radial hace unos días, sin tratar de focalizar sensiblerías pero han ocurrido, a mí me está significando atender a gente que está con un alto grado de depresión, hubo dos suicidios, gente que está muy mal, el Estado los ha abandonado. El administrado tiene el derecho de confiar en el Estado, el Estado no lo puede abandonar, el Estado es de todos. El Estado los ha abandonado y a un año de estar presentando reclamos administrativos en la demanda del escalafón bancario, lo único que hacen es silencio, sin respondernos a los reclamos administrativos, sin responder a los pronto despacho, factura que se le debe pasar a Fiscalía de Estado, nos están obligando a ir a juicio ante el silencio del Estado. Y lo único que hace el gobierno en este momento como respuesta es sacar un decreto que, como dije, lo hace mal y lo hace totalmente inconstitucional. Sería absurdo pensar que ha pensado en alguna manera de implementar todo este sistema, se toma cuatro meses para ver qué es lo que va a pasar. Pero a la vez, el gobierno se enfrenta con otra realidad que crea un nuevo frente de problemas, que es el de UPCN que no va a admitir de ningún modo, que un transferido bancario ocupe los cargos de expectativa que tiene respecto de los que están en la carrera, dentro de la administración pública. Eso se tendría que haber previsto, nosotros lo previmos, yo trabajé en el tema apenas se trató el tema de la privatización del banco, y ya habíamos observado esto: la transferencia de los bancarios a la administración pública, lo único que va a lograr es crear conflicto respeto a la gente. Por eso en ese momento también se había hablado de la posibilidad de una jubilación anticipada para los bancarios, de manera tal que con su indemnización adelantaran los aportes y se pudieran retirar los que estuvieran en edad y no quedar en esta situación de desamparo en la que están en este momento, cinco años de sueldos congelados y hoy pasan a la administración, a una administración que no los quiere, a una administración que no los cobija, con un gremio que tampoco los recibe, y con un sueldo que para colmo, ilegítimamente, inconstitucionalmente, va a ser dividido en dos columnas, siendo que la segunda no va a ser bonificable, lo cual no solo significa mantenerlo el sueldo congelado, sino terminar bajándoselo.

MdH: Una posibilidad es que se caiga el decreto, como se cayó el anterior, que tampoco salga la ley y que se mantenga esta situación en la que el sueldo está siendo erosionado. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es el horizonte si eso pasa?

EC: El horizonte es que hoy están planteándose los juicios. En el juicio, nosotros lo que pedimos es la estricta aplicación del escalafón bancario por todo el período no prescripto, o sea que en definitiva, si la Justicia hace lugar a ese pedido, a todos los transferidos se les va a tener que reajustar el sueldo de acuerdo al convenio 18/75 y van a quedar con esos sueldos.

MdH: ¿Tiene números concretos ese juicio? ¿Los importes que se están demandando?

EC: No, porque ese sería problema del gobierno. Yo lo que creo es que de acuerdo a la cantidad de reclamos que se presentaron y a los recursos de revocatoria contra el decreto, creo que de los 1500 transferidos, 1000 van a estar en juicio. Ya hay juicios que están presentados, el decreto este provocó de alguna manera una paralización de los juicios y ahora vuelve a partir de esta semana y la semana que viene a instalarse el tema de los juicios y principalmente con el pedido, dentro del juicio, de la declaración de inconstitucionalidad del decreto y de la medida de no innovar para que no se le aplique directamente a los que se ven perjudicados.

MdH: En caso de que prosperen los juicios y se aplique el convenio bancario ¿qué pasa con los que están cumpliendo funciones?

EC: Se asignan las funciones como tienen hasta ahora o se les asignan de mayor jerarquía, pero está afuera del escalafón, o sea no perjudica en definitiva a la administración, la gente que responde a UPCN o a ATE que esté dentro de ese sector de la administración no se ve perjudicada y tenemos una persona de afuera, como si fuera un personal político, asimilable a un personal político, que está haciendo una función de una mano de obra calificada, que ha sido merituada en todos los sectores en que los bancarios han trabajado, y que se le paga por otro convenio sin ningún tipo de problemas. Los bancarios no buscaron esta situación, los bancarios no quisieron la privatización del banco, este fue un problema donde fueron metidos directamente por este gobernador, el Gobernador Obeid, y hay que ver lo expresado por la diputada justicialista Gastaldi en aquel momento, diciendo son ellos lo que están creando este problema, hoy es el gobierno el que tiene que buscarle la solución. No es el problema de los trabajadores bancarios, ahora le están creando otro problema al mandarlos a juicio y de mandarlos al juicio en silencio, que ese es un tema sobre el que se va a tener que responder, porque acá estamos denunciando que Fiscalía de Estado no ha emitido dictamen respecto del pedido de los bancarios pero sí, cuando llega el momento de los juicios, contesta demanda y va a tratar de valerse de algún tipo de artilugio para cambiar el destino de los juicios. Y eso va en perjuicio de los propios trabajadores, como lo tengo dicho, Fiscalía de Estado no es una empresa privada, es un órgano de asesoramiento del gobierno, pero es también un órgano de asesoramiento de toda la población. Yo tengo derecho cuando hago un reclamo a que Fiscalía me conteste, me diga que estoy equivocado, en qué estoy equivocado, para poder recurrir después a un abogado a ver si voy a juicio. Pero me están obligando a ir a juicio ante el silencio de la administración, ante el silencio de la Fiscal y ante el silencio del gobernador, que es fundamentalmente el Gobernador de todos y no el Gobernador del Ministerio de Hacienda.

MdH: Y en caso de la pérdida del juicio, todas esas costas judiciales ¿van a cargo del trabajador?

EC: A cargo del trabajador y en beneficio de la Fiscal de Estado y de sus abogados. Acá hemos visto en un tema de la Caja de Jubilaciones, que conversé con un diputado para ver si podemos implementar un proyecto de ley, porque ganan un incidente en el tema de la emergencia previsional, condenan a los jubilados a pagarle a la Fiscal de Estado algo así como ciento setenta mil pesos y de inmediato, la Caja de Jubilaciones, que tiene una mora de cuatro años en resolver cualquier gestión, de inmediato de un mes para otro, embarga los sueldos a los jubilados, para beneficiar a los sectores de Fiscalía de Estado, lo cual constituye realmente una vergüenza, pero pienso que de alguna manera el mensaje aleccionador para ponerle miedo a la gente y para decirle bueno, no vayan a hacer las demandas. La propuesta que yo tengo para un proyecto de ley, sería en los casos de silencio del estado, en caso de ganar el juicio el estado, los honorarios sean por el orden causado, o sea que cada uno pague sus abogados, y no que se enriquezca Fiscalía de Estado, que fue la que estuvo en mora y la que guardó silencio cuando uno está esperando respuesta. En el caso de los bancarios, los primeros reclamos son de noviembre del año pasado, hace un año estamos esperando respuesta y no se justifica esa mora para que después en un juicio se vea beneficiada la Fiscal con una regulación de honorarios a cargo del trabajador.

MdH: Si el juicio avanza y gana ¿qué pasa con la gente que no hizo juicio?

EC: El juicio juega para cada uno de los que lo hizo, el que no hizo, no hizo juicio, no hizo reclamo...

MdH: Bueno, si cae el decreto cae para todos, si se aplica el artículo 13 se aplica para todos...

EC: Se aplica para todos, pero se va aplicar para el que no hizo juicio, a partir del momento en que lo decida el gobierno y para el que hizo juicio, con toda la retroactividad no prescripta. Pero también el que no hizo el reclamo, nosotros pensamos que de alguna manera este decreto, en la forma que salió, rápida y sorpresiva, apuntaba a que la gente omita, por desconocimiento, plantear la revocatoria, y que después el gobierno le iba a decir, pasado los diez días, a usted el decreto le queda firme porque lo consintió. Pero la gente que está atenta a todo esto ha recurrido a sus abogados y hemos planteado en forma masiva, como se vio ayer, masiva, los recursos de revocatoria.

MdH: La impresión es que puede llegar a correr este decreto y puede llegar a correr también lo de bancarios. O sea va a dividir el espectro de los 1500 bancarios.

EC: Sería correcto como está planteado en el nuevo proyecto de la Cámara de Senadores, es decir darles la opción. El gobierno no se está jugando algo que sea desmesurado, que sea gran cantidad de dinero. Es muy poco dinero el que está en juego, entonces insisto: si los bancarios no quisieron la privatización del banco y fueron víctimas, si los bancarios no quisieron pasar a la administración pública, porque tuvieron que pasar porque el banco privado no absorbía 3000 bancarios, hubo 1500 que quedaron afuera. Si los bancarios no fueron al lugar donde ellos pretendían estar, porque llenaban un formulario que decía el destino solicitado, un destino adicional, y no se les respetaba ninguno de los dos y caían a cualquier destino, si ellos no fueron los que causaron ese daño, tiene que ser la administración la que los repare. Tengo entendido que el Ministro de Hacienda ha hecho un comentario diciendo que le va a salir más caro económicamente aplicar el decreto, que reconocerle el escalafón bancario, con lo cual yo pienso que de alguna manera, debe haber un tipo de capricho y de alguna manera, como lo dicen los bancarios, hay un pase de factura por la resistencia que hubo en su momento y por la resistencia que sigue actualmente a la mala privatización que se ha hecho del banco, como es público y notorio, como hubiera pasado también con Caja de Jubilaciones y con otras cosas que se quisieron hacer mal, y que por suerte algunas no se pudieron llevar adelante.

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