Blanco sobre negro (Parte I)

por Daniela Pierotti

El jueves pasado, el incendio de un taller textil del barrio porteño de Caballito, donde fallecieron 6 inmigrantes bolivianos, entre ellos 4 menores, reveló una vez más, una situación que se viene produciendo desde hace décadas en nuestro país. Como nos suele suceder, hasta que no hay víctimas fatales, parafernalia mediática y vísperas re-electoraleras, no se toman acciones reales para la resolución o, al menos, el abordaje estatal del problema. La evacuación de decenas de vecinos, las llamas que duraron hora y media y las muertes, fue el panorama que activó la discusión sobre la temática del trabajo esclavo en relación a los inmigrantes sudamericanos. Y, a partir de este hecho puntual horrible, que tiene una larga y penosa trayectoria de antecedentes de la misma índole y de la cual haremos memoria, el gobierno de la nación, aseguró estar en alerta máxima. Entonces, instantáneamente y, con sitio web incluido, implementó un nuevo plan para regularizar la situación de ilegalidad de los extranjeros. A partir del 14 de abril se les facilitará la realización de trámites para que puedan obtener su residencia legal de modo de que puedan acceder a trabajos en blanco.

Va la información "técnica":

El programa fue denominado "Patria Grande". Los inmigrantes de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, podrán realizar los trámites en forma gratuita en los municipios en los que cada persona esté viviendo. El 14 de abril comenzará en la Ciudad de Buenos Aires, en las sedes de los distintos Servicios Sociales Zonales y en los principales distritos del Gran Buenos Aires (como Moreno, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, San Fernando, Avellaneda, San Miguel, Lanús, José C. Paz, Berazategui, Ezeiza o Merlo) y La Plata. Luego, en forma gradual, se irán incorporando el resto de los municipios de todo el país. También se autorizará a recepcionar los pedidos a organizaciones vinculadas a la inmigración, como la Asociación Peruanos sin Fronteras, Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas, el Centro de Residentes Latinoamericanos o la Federación Paraguaya y otras que decidan sumarse.

Las inscripciones serán sistematizadas por vía informática, no habrá formularios manuales de ninguna naturaleza. Luego, la persona recibirá una "credencial de residencia precaria" que le será entregada en forma gratuita y "con la cual podrá estudiar, trabajar, entrar, salir y permanecer en el país sin inconvenientes". Una vez verificada la documentación, podrá obtener la residencia provisoria o definitiva.

Para iniciar el trámite se deberá presentar cédula de identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad vigentes (original y fotocopia). En caso de presentar el certificado de nacionalidad expedido por el consulado, deberá legalizarlo la Cancillería Argentina.

Con relación a las personas de esos nueve países que en el futuro ingresen a la Argentina, Rodríguez explicó que si desean radicarse en el país deberán manifestarlo cuando llegan a través de una declaración jurada. "Así obtendrán un permiso de residencia por 90 días, dentro de los cuales deberá presentarse ante cualquier dependencia de Migraciones, con el documento de identidad y un certificado de falta de antecedentes penales en el país de origen para solicitar la residencia".

Bien, dejando la sección informativa de la nota, hagamos lo que mencionamos al principio, un poco de memoria.

Hace apenas días...

El lunes 15 de diciembre del 2005, no hace mucho tiempo atrás, se hizo "un acampe" de bolivianos en las puertas del Consulado de Bolivia convocado por la Unión de Trabajadores Costureros, la Alameda y la Coordinadora Territorial del Oeste para reclamar la efectivización concreta de las promesas hechas un mes atrás por el cónsul y el embajador a 150 ciudadanos bolivianos respecto de la documentación. El lunes 24 de octubre del mismo año una delegación de la Alameda junto al Dr Pablo Corradini de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y a Guillermo Mamani, director del periódico Renacer de la colectividad boliviana en Argentina, habían concurrido a la embajada de Bolivia a reunirse con el embajador y el cónsul de ese país para tratar la situación de esclavitud a la que son sometidos muchos bolivianos indocumentados en talleres textiles clandestinos del sudoeste de la CABA. En dicha reunión se acordó que una de las raíces de esa salvaje explotación laboral eran los problemas económicos para costear los trámites de documentación que tienen cientos de costureros y sus familias en Argentina. Se informó que en se estaban expidiendo masivamente certificados de pobreza a fin de que estos ciudadanos no tuvieran que pagar la onerosa tasa migratoria cuando se radican, pero que aún estaba pendiente el problema de la documentación que cada uno de estos ciudadanos debía traer desde Bolivia (certificado de nacimiento y de antecedentes legalizados) que el consulado suele cobrar onerosamente sin considerar la situación de extrema pobreza en la que se encuentran muchos de sus conciudadanos en la Argentina. Tanto el embajador como el cónsul se comprometieron a tramitar la documentación de más de un centenar de personas reclamando al Estado boliviano que costee los gastos de la misma. El sábado 29 de octubre el cónsul había concurrido a la Alameda y delante de más de un centenar de conciudadanos se llevó una lista de aproximadamente 150 personas y se comprometió delante de ellos a gestionar ante el estado boliviano que se costee esa tramitación. 40 días después de aquel compromiso ni la embajada, ni el consulado habían resuelto el problema. De hecho, el cónsul declaró en una radio que era "imposible" conseguir esa documentación gratuita para sus conciudadanos pobres, es decir, que era "imposible" cumplir con el compromiso que ellos mismos habían asumido un mes atrás.

En aquel momento en las declaraciones los bolivianos expresaban que si no se regularizaba esa situación se favorecía que siguiera existiendo el caldo de cultivo para la explotación esclavista, la reducción a la servidumbre y la trata de personas. Fueron alrededor de cien personas las que se congregaron en esa oportunidad. Y el escrache fue a la sede de la marca de ropa Montagne en Capital Federal. Los manifestantes acusaron a la empresa de contratar talleres de costura donde se utiliza mano de obra esclava. En la misma situación estaban la marca de camperas Lacar y la de ropa de hombre Rusty. Los manifestantes, en su mayoría inmigrantes bolivianos declaraban que habían sido traídos al país engañados por los talleristas. Pegaron sobre la fachada de la empresa decenas de remitos que certificaban lo denunciado. En cada uno de ellos, estaba escrito el nombre de Juan Carlos Salazar, dueño del taller donde muchos de los trabajadores habían sido esclavizados. En el taller de Salazar las jornadas de trabajo eran desde las 7 de la mañana hasta la 1 del otro día, de lunes a sábado, los trabajadores permanecían encerrados en la pieza donde trabajaban y dormían. Se aplicaba el sistema de "camas calientes" esto es menor número de camas que de trabajadores, de modo que se turnan para descansar mientras algunos trabajan.

Entonces, el juez que intervino, Norberto Oyarbides, dejó en libertad a Juan Carlos Salazar Nina y su esposa Remedios Flores, propietarios del taller de costura, a pesar de los testimonios de las víctimas y otras pruebas. Además y en consecuencia, fueron expulsadas del taller las 17 víctimas que prestaron declaraciones. Los testigos que declararon en contra de y su esposa recibieron amenazas, en forma personal y telefónica, durante el proceso de 15 días antes que Salazar sea liberado, según un comunicado de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre, lanzado el 11 de noviembre de ese año, tras conocer la decisión del Juez.

Los trabajadores en sus declaraciones, denunciaban que habían sido traídos a la Argentina con la promesa de un trabajo digno, además de la dotación de comida y alimentación. Sin embargo, la realidad fue otra, eran sometidos a extensas jornadas de trabajos, que pasaban las 14 horas. Tampoco les reconocían ningún derecho laboral, eran pésimamente alimentados y mal pagados, dado que sus sueldos apenas alcanzaba a 100 dólares por mes y vivían en hacinamiento, en el mismo taller.

Los testimonios fueron respaldados con grabaciones y fotografías. Además, se había demostrado la ilegalidad del taller y se denunciaron las coimas a los efectivos de la Gendarmería para que no intervinieran. El pago era semanal y mensual, en ciertos casos algunos recibían hasta 100 dólares al mes.

Pesaron más las declaraciones a favor de Salazar de nueve personas, entre que las que estaban familiares de éste y algunos trabajadores, quienes aseguraron que es buena persona.

Otro de los motivos que habría influido en el juez fue la relación de Salazar con empresas importantes de la Argentina, como las firmas Lacar, Montagne y Rutsy, para quienes trabajaban estos talleres.

Pese a la liberación, el proceso sigue por los cargos de violación a la Ley de Migración, explotación y tráfico de personas.

Sin embargo, si entramos a www.patriagrande.gov.ar y hacemos clic en el link que dice discurso presidencial vamos a encontrar un discurso en el cual el uso del pretérito cada vez que el presidente se refiere a esta situación de esclavitud y la insistente mención a las políticas anteriores que desconocieron este tema, parece sugerir que estos hechos del 2005 sucedieron durante otro, que no es su gobierno. Y que, la ley de Migraciones modificada en 2004 y no regularizada, por lo tanto vulnerable a no ser aplicada, pertenece a otro país.

Entre las violaciones a esa ley, antes y durante su gobierno, podemos citar que:

• La mayoría de los talleres de costura incurre en estos delitos: reducción a la servidumbre, privación ilegítima de libertad, explotación de menores, retención indebida y falsificación de documentos, tráfico de personas, defraudación fiscal, incumplimiento de normas sobre habitaciones, higiene e infraestructura y otros.
• Los dueños de los talleres de costura retienen los documentos de identidad como una forma de chantaje para impedir que accedan a una regularización migratoria, y por lo tanto a obtener más derechos. También para impedir que no puedan efectuar denuncias ante la Policía, pues sin un documento de identidad no es posible realizar una denuncia. Esto tiene un nombre: chantaje.
• En los talleres se da la explotación con rigurosas jornadas de trabajo que van entre las 14 a 18 horas de trabajo consecutivas, sueldos bajos que no llegan ni a los 100 dólares, promiscuidad sexual, desatención de mujeres embarazadas, mala alimentación, presencia de la enfermedad de tuberculosis.
• Se lo realiza en las plazas y calles de Argentina, donde generalmente se reúnen los bolivianos. También se recluta en Bolivia, con anuncios divulgados por la prensa. También es común que las agencias de empleadas domésticas hagan de intermediarias. Estos hacen acuerdos verbales, nunca tienen documentos que acrediten la relación laboral porque no hay contratos.
• En algunos talleres trabajan niños de 12 a 14 años.

El Gobierno está instando a que los extranjeros se acerquen a denunciar los lugares donde se practica esta explotación laboral... parecería que no tiene noción de las incontables desoídas denuncias de los organismos de derechos humanos, de la denuncia misma de las unidades de trabajadores, de la misma comunidad boliviana, etc. Todo lo que debe aplicarse a través de la ley pareciera que es necesario decretarlo, como diciendo, pongamos manos a la obra y todo llega a aplicarse repentinamente, todo junto este año, como por decisión personal, por supuesto, después de varias y recurrentes denuncias desoídas anteriores. Momento de reflexión: Debemos dejarnos caer, como criticones periodistas, en la pregunta por qué ahora sí y antes no? Debemos admitir que bendita sea la hora del incendio?

En cuanto a la Importancia que se argumenta sobre este programa cuyo objetivo es regularizar la situación migratoria de los extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCOSUR y de sus Estados Asociados, en busca de facilitar la tramitación para acceder a una residencia legal en el país, la misma página web aporta que "los años de desorganización, que podemos clasificar como el retroceso del Estado en sus funciones específicas, imprescindibles e irremplazables por la actividad privada, provocó en general la presencia de un Estado ausente".

Migraciones no fue ajena a este cuadro de situación, desaparecieron las políticas migratorias, su actividad se minimizó a los controles de ingreso y egreso, función que gradualmente desapareció para ser virtual, el organismo vivió sólo para si mismo.

Predominó un criterio meramente expulsivo de las migraciones, que solo sirvió para tener a los ciudadanos extranjeros habitando en el país como indocumentados.

Migraciones fue una "fábrica de irregulares.....

Una importante franja de habitantes, sin causa racional alguna, fueron condenados a la marginalidad, se les impidió obtener trabajos en blanco, no podían acceder a los beneficios de la seguridad social, no podían ser sujetos de créditos no tenían acceso a una vivienda digna.

Todas sus actividades, necesariamente, debían ser irregulares.

Su inexistencia jurídica los HACÍA víctimas de todo tipo de delitos, recorriendo las sentencias judiciales podemos advertir que terminaban siendo condenados como autor o como partícipe necesario.

En muchos de ellos la situación se agravABA por razones de sexo o de edad...", recurriendo una y otra vez al uso del pretérito, enajenándose de su responsabilidad hasta ahora. Y sigue:

"...Por su situación de marginalidad es prácticamente imposible establecer el número exacto de quienes se encuentran en esa situación y donde se encuentran físicamente.

Un simple cálculo podría establecer un número mínimo, entre 1992 y 2003 ingresaron a la Argentina 504.000 posibles inmigrantes, se otorgó en el mismo período un promedio de 13.187 radicaciones anuales en consecuencia han quedado en situación ilegal 345.000 personas, que interpolando cifras de posibles atrasos podría elevar a la cifra de más de 750.000 los irregulares que se encontraban al momento de la asunción del actual gobierno.

A esta magnitud numérica no la disminuye, apreciablemente, las 130.000 radicaciones realizadas por esta gestión.

Toda esta situación en que se colocABA a quienes tenían "leal voluntad de honrado arraigo" también repercute en el organismo social.

La participación de indocumentados en el mercado del trabajo genera que el ingreso a los puestos de trabajo sea en negro y por el valor de su remuneración y no por su idoneidad....".

Nótese el siguiente argumento de importancia:

"Un indocumentado provoca inevitablemente una baja salarial.

Sus actividades no generan tributo alguno a la sociedad, solo genera riqueza para la economía informal.

Un solo dato estadístico, un contribuyente monotributista aporta al Estado como mínimo por año la suma de $ 1000.- un indocumentado cero pesos.

Un trabajador regularizado aporta a la economía nacional, a través de los descuentos de sus remuneraciones, sumas mucho más importantes.

Un indocumentado sólo puede recurrir a la salud pública recargando los costos de la misma cuando, a través de su regularización, podría aliviar los costos estaduales utilizando otras estructuras de atención de la salud, obras sociales, salud privada etc.

Hay dos aspectos que hacen recomendable bregar por la desaparición de sectores de la población indocumentados".

Sólo y recién hacia el final de argumentación aparece la cuestión de los DDHH: "El primero que hace a la esfera de los Derechos Humanos, la forma de destruir la personalidad de un individuo es atacar su propia identidad, la falta de documentos identificatorios genera la marginalidad y la desigualdad exponiendo al ser humano a todas las formas de degradación.

El segundo hace al organismo social en cuanto a su seguridad, en todos sus aspectos, social, laboral, etc."

Quiera Dios, Haga Dios

Las palabras del presidente en el acto de presentación de este plan nacional de normalización migratoria, reconocen la gravedad del tema y reflexionan sobre la búsqueda del destino de estas miles de personas desarraigadas, y dice: "Por eso es un tema que nos preocupó desde el primer día, porque nos tocó ver, vivir y tener cerca todo tipo de procedimientos, como explicaba el Ministro, que realmente son vergonzantes..." Sin embargo no se había procedido judicialmente hasta ahora. Y sigue con una imploración casi: "...Dios quiera, Ministro, que esto sirva definitivamente para poner blanco sobre negro, que se normalice como corresponda, que tenga su eje en el ser humano, que todas las fuerzas de Seguridad estén a la altura de las circunstancias, porque también allí nos encontramos con procesos muchas veces durante estas décadas que fueron realmente inaceptables; que todos aquellos que quieran traer a la Argentina, Dios quiera que así lo sea, y a los otros países del Mercosur, e incorporar gente a trabajar, estudiar, investigar en los distintos ámbitos, lo hagan con el eje central en el ser humano que es un tema fundamental, que las políticas migratorias no sean una traba burocrática que permitan todos los procedimientos que explicaba con toda claridad el Ministro...".

La mención a las fuerzas de seguridad, si tenemos en cuenta la cuestión de gendarmería y sus tratos abusivos en la frontera por ejemplo, me suena peligrosa, será deductiva y eso no corresponde. Que Dios quiera que me equivoque sobre el sentido de la invocación a las fuerzas de Seguridad....

"Por eso nosotros, apostamos mucho a esta política migratoria; apostamos a que sea una política de integración; apostamos a que realmente en el marco del Mercosur entren a sentir a cada país como su propia Nación y en este caso a la Argentina; apostamos a que los que vengan a vivir a la Argentina no tengan miedo de ir o tener contacto con las instituciones oficiales; apostamos a que se terminen definitivamente, como dijo con toda claridad, una palabra dura pero real, los procedimientos de coima y demás, para tratar de obtener con rapidez los papeles u obtener papeles que no correspondan, es decir, todo se deba hacer tal cual marca la ley, pero la ley con el sentido de integrar, la ley con el sentido de dar posibilidades, la ley que tenga en el lugar que corresponde al ser humano, la ley que evite el abuso, que valore el trabajo del que viene, la ley que permita garantizar ese trabajo del que viene pero también que no devalúe el trabajo del que está en el país; esto es central, fundamental y todas estas cosas han pasado en nuestro país y seguramente han pasado y pasan en vuestros países, es una lucha muy difícil que hay que dar y hay que llevar adelante...".

Después de este reconocimiento presidencial, al estilo "sí sí yo sé que esto sucede", al fin, se ponen en funcionamiento unos decretos, los Nº 836/2004 y 578/2005 que disponen la creación e implementación del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, orientado a la ejecución de medidas encaminadas a la inserción e integración de la población migrante, a través de la facilitación de acceso a la residencia. Y la Dirección Nacional de Migraciones pone en funcionamiento el Programa mencionado a través de la Disposición DNM Nº 53.253/2005, a la cual podrán acogerse los nativos de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR (Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

Si se pierde la confianza...

La reacción de los bolivianos frente a los operativos de control demuestra el grado de marginalidad que han vivido durante años y que ha sido reproducido por el modelo económico de los anteriores y este gobierno. Este lunes centenares de bolivianos, en medio de esta polémica se concentraron por la mañana frente a la Jefatura de Gobierno porteño y por la tarde en las avenidas Directorio y Lacarra, frente a un centro social de su comunidad cuyo responsable es Gustavo Vera, quien denunció el año pasado ante la Justicia las condiciones infrahumanas en las que se trabaja en los talleres textiles. En varias oportunidades la comunidad boliviana denunció la existencia de de coimas que pesan sobre policías.

¿Qué sucedió? Muchos de los bolivianos rechazaron las inspecciones a los talleres y se mostraron temerosos de que se produzcan clausuras que los dejen sin trabajo. Se produjo, entonces, un enfrentamiento interno entre quienes denunciaban la explotación y pedían la erradicación del trabajo esclavo contra aquellos que pedían que se les permita mantener sus fuentes de empleo a cualquier costo.

El Gobierno porteño recibió a representantes de 11 entidades bolivianas, quienes pidieron un plazo de seis meses para regularizar las situaciones de trabajo en los talleres. "Rechazamos la solicitud. Les explicamos que no podemos permitir tener talleres donde se violen los derechos humanos o se someta a la gente a trabajo de servidumbre", dijo la ministra de Derechos Humanos porteña, Gabriela Cerruti. De 31 inspecciones, fueron clausurados 18 talleres en los que vivían entre 45 y 60 familias (en cubículos divididos por cartones). Muchos se resistieron al desalojo por miedo a ser deportados a pesar de que fueron subsidiados con $400. La ministra había explicado al diario Clarín "Hemos ofrecido un abanico de alternativas para que nadie quede sin techo". Sin embargo, la clara inseguridad social existente y perpetuada durante años en el país y los arrepentimientos luego de tratar de resolver estas situaciones, generaron esta reacción.

Además de las 18 clausuras, se labraron actas por obstruir la inspección. "Lo que no sabemos es a quién se le va a cobrar la multa por esa contravención ya que resulta complicado identificar a los dueños de los talleres", admitió un funcionario del área de Producción. Entre la tarde y la noche de ayer se cumplieron más inspecciones, sin que trascendieran sus resultados.

Estos hechos puntuales, como el que mencionábamos en la revista anterior, se suman a una serie de situaciones que se toleran y no se contemplan desde la mayoría de los estados de nuestra américa latina y que se enmarcan en un contexto más amplio: la discriminación. Particularmente la racial, cuando hablamos de la situación de los migrantes sudamericanos. Sobre este tema, yendo un poco más allá de cuestiones puntuales, seguiremos informando en las próximas entregas.

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