La corrupción aparece así como de pronto

por Enzo Vicentín

Días turbulentos está atravesando el Gobierno de Kirchner. La acusación a la ministra Felisa Miceli tuvo el peor final, cuando ayer debió renunciar ante la sitación a indagatoria por parte del fiscal Marijuán, que investiga la aparición de un sobre con cien mil pesos y treinta mil dólares en el baño del despacho de la ex-ministra de Economía. A ese hallazgo en una inspección de rutina de la brigada de explosivos de la policía federal el 5 de junio pasado, le siguió un extenso silencio oficial acerca del tema, y una posterior aclaración pública de Miceli que no hizo más que aumentar las dudas y las sospechas sobre su persona. Las crónicas de los principales diarios de hoy hablan de que este desliz del Gobierno nacional se suma a otros recientes (tal vez menores en comparación con esta imprevista salida de Miceli) que han logrado socavar la fortaleza del kirchnerismo de cara a las elecciones nacionales de Octubre. A dos días del lanzamiento de Cristina Fernández como candidata, el Gobierno hizo todo lo posible para sostener a Miceli y desviar el foco de atención periodística, pero no lo consiguió y debe ahora atravesar momentos complicados cuando menos los imaginó.

Esta nota no quiere analizar los posibles caminos que se abren de aquí a Octubre. Mas bien busca relacionar el "caso Miceli" a otros dos hechos que en las últimas semanas han puesto a Kirchner en un escenario incómodo. Hablo del avance que inició el diario Clarín contra la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, publicando en el título principal de su edición del domingo 8 de julio fuertes acusaciones por malversación de fondos contra la Secretaria. A diferencia de Miceli, Picolotti ha logrado atravesar la tormenta y su continuidad en el Gobierno parece garantizada entre el fuerte apoyo público de Alberto Fernández y el retroceso de la ofensiva de Clarin. El otro suceso, que va perdiendo espacio en los medios pero que en la investigación judicial avanza e incluso se ramifica, es el caso Skanska, en el cual las sospechas apuntan a coimas millonarias cobradas por funcionarios a una empresa sueca por licitaciones en la ampliación de gasoductos. Por la repercusión del caso ya "rodaron las cabezas" de dos funcionarios (uno de ellos es el esposo de Felisa Miceli) y tanto en el ministerio de Planificación como en la Rosada están preocupados por los avances que registra la causa (de yapa podemos agregar que ahora el Secretario de Comercio Guillermo Moreno empieza a afrontar una causa judicial por la alteración de las mediciones en el INDEC).

Los tres casos reseñados, que revisten desiguales importancias, tienen un común denominador en cuanto constituyen "manchas" a una administración que hasta hace pocos meses venía sosteniendo una imagen pública bastante limpia en el plano de la corrupción. Si bien las sospechas sobre algunos funcionarios como Julio De Vido o el Secretario de Transporte Ricardo Jaime vienen de hace rato, lo cierto es que el Gobierno de Kirchner no había afrontado desde el 2003 hasta la actualidad acusaciones por corrupción de la resonancia de las anteriormente nombradas. Las dos cuestiones que pueden surgir a partir de esa realidad son, por un lado indagar si la corrupción ha crecido en comparación con el comienzo de la adminisatración Kirchner, o por el contrario se ha mantenido en un mismo nivel desde comienzo hasta hoy. Y por otro lado, pensar por qué las denuncias por corrupción que aparecieron en los últimos tiempos tienen interés en la Jusitica, alta repercusión mediática y sobre todo, graves consecuencias para las filas al interior del Gobierno nacional.

De vez en cuando los medios de comunicación se hacen eco de los resultados de encuestas o rankings internacionales elaborados por organismos internacionales del estilo de la ONU o la UNESCO, o de ONGs globales. En el plano económico son conocidos los informes sobre ingreso per cápita, distribución del ingreso y desigualdad económica, o desarrollo de sectores determinados o de economías nacionales en su conjunto. La organización Transparencia Internacional (TI) elabora desde 1993 un índice de percepción de la corrupción a nivel internacional, que se basa en encuestas y entrevistas a actores no gubernamentales, uno supone que relacionados al sector empresario. Resulta obvio que tomar este tipo de fuente es ciertamente problemático, ya que sus resultados pueden estar (y muy probablemente lo estén) influidos por intereses económicos que no pocas veces perjudican o benefician las mediciones de los países según se comporten con los capitales extranjeros y con los gobiernos del G-7. Ese riesgo no parece crítico en el caso de Argentina, que si bien rompió pagandole al FMI, hoy está muy acomodado en los mercados financieros y en su relación con los gobiernos más fuertes.

Buscando entre noticias y el propio archivo de TI, puede verse que el índice de percepción de la corrupción en el caso de Argentina se ha mantenido en un rango estable desde el 2002 (o sea, post caída de De la Rúa y gobierno de transición de Duhalde) hasta el 2006 (último año con datos disponibles). Repasando los índices, y teniendo en cuenta que la calificación es de 1 (más corrupto) a 10 (sin corrupción), Argentina registró 2,5 puntos (puesto 92 en el ranking mundial) en el 2002. Esa misma cifra se repitió durante los dos primeros años del actual gobierno: 2003 y 2004. En 2005 el puntaje fue de 2,8 y en el 2006 se ubicó en 2,9 (puesto 93 en el mundo). Pasado en limpio, Argentina ha registrado bajos puntajes desde la crisis y los cambios de gobierno a finales del 2001, y ocupa uno de los peores lugares dentro del grupo de países americanos. Volviendo a considerar la reserva en cuanto a la fiabilidad de la fuente, sería bueno preguntarse por qué si la percepción de corrupción (cabría aclarar: entre ONGs e instituciones vinculadas en su mayoría al sector empresario) se mantuvo en un nivel estable no recordamos aunque sea un caso de corrupción resonante de los gobiernos de Duhalde y Kirchner hasta que apareció Skanska. Parecería que el último gran caso de corrupción hasta Skanska fueron los sobornos pagados a senadores del PJ durante el gobierno de De la Rúa, cuando Flamarique hizo circular la Banelco. Si los números de TI contrastan con un repaso de los diarios en los últimos años, ¿dónde encontrar las explicaciones?

El autor de esta nota, sin dejar de considerar otras causas más esfecíficas o particulares, identifica tres razones para explicar por qué durante todos estos años posteriores a la crisis de legitimidad de las instituciones políticas la corrupción gubernamental no apareció en la escena pública, como ahora lo hace a partir del "destape" del caso Skanska. Una causa es interna al desarrollo del gobierno de Kirchner, la segunda alude a la relación sistema político-medios de comunicación, y la tercera refiere al desarrollo del modelo económico post devaluación.

A poco más de 4 años de Kirchner en el Gobierno, no sorprende que el "rodaje" que ha tenido, caracterizado por la necesidad de pilotear una recuperación económica e institucional partiendo de niveles de pobreza y rechazo a la clase política inéditos en el país, haya generado fisuras internas a la administración pública y una lista de "heridos" que han descendido en la escala o se ha pasado a filas opositoras. No se descubre nada diciendo que entre De Vido y Alberto Fernández se entabla una pelea interna por la distribución del poder y las influencias dentro del Gabinete nacional. La cuestión es que el desgaste interno producto del rodaje se hizo progresivo, y hoy los peridodistas tal vez encuentran más funcionarios con ganas de hablar en comparación a 4 años atrás. La filtración de información a la prensa suele encontrar en sus usinas a funcionarios irritados a partir de peleas por poder. Los casos de Micheli y Picolotti, independientemente de la veracidad o falsedad de las acusaciones, tienen un irreductible componente de operación política.

La crisis de legitimidad desencadenada a partir del fracaso del gobierno de la Alianza y de los hechos de diciembre de 2001, afectó particularmente a la clase política como conjunto y a instituciones emblemáticas del sistema republicano como el Congreso o la Corte Suprema. Con sectores de la población movilizados en contra de los partidos políticos y las instituciones gubernamentales, el Gobierno de Duhalde y luego el de Kirchner necesitaron iniciar un proceso de reconstrucción de la legitimidad del sistema político con el objetivo de recuperar la confianza en las instituciones y desmovilizar las protestas. En momentos históricos donde la función y el protagonismo social de los medios de comunicación es muy grande, los gobiernos necesitaron de la ayuda de los medios para encarar ese objetivo. Y la tuvieron, aunque con tironeos iniciales (entre Clarin y Duhalde acerca de la pesificación) y tironeos posteriores respecto a la distribución de la pauta publicitaria. El argumento que aquí se sostiene es que los grandes medios de comunicación cubrieron al poder político en el período mas complicado de la crisis de legitimidad de las instituciones, a través de no haber amplificado en la esfera pública los casos de corrupción gubernamental. Ahora, esa cobertura está redefiniéndose, en parte porque la "salud" del sistema democrático representativo ha mejorado, en parte porque ante las próximas elecciones las corporaciones de la información (que son actores económicos) tironean nuevamente con el gobierno. La redefinición de la cobertura implica rupturas u operaciones evidentes como la de Clarin contra Picolotti.

Retomando las dos causas anteriores, podemos caracterizar que tanto dentro del Gobierno como en los medios de comunicación se expresan diferencias que no solo se reducen al plano personal, a la disputa por el poder o a la definición de las pautas publicitarias o el otorgamiento de licencias oficiales. El modelo económico que gestó Duhalde y que prolongó Kirhner tiene bases que han permitido una recuperación notable en términos macroeconómicos, pero que como todo modelo tiene dentro de la propia burguesía sectores que se ven más beneficiados que otros. La política monetaria oficial se empeña en sostener la ecuación 3 pesos = 1 dólar porque es una de las bases del funcionamiento de la economía actual. Pero lo cierto es que esa ecuación es cada vez más forzada y genera descontentos en algunos sectores empresarios. Los medios de comunicación, como actores económicos, expresan intereses económicos. Fomentar la obra pública y por otro lado establecer un control sobre el aumento de precios son líneas de este modelo que no benefician a todos los setores de la burguesía por igual. Es razonable entonces que los medios de comunicación expresen sus intereses y a la vez hagan eco de demandas de sectores burgueses no tan beneficiados como otros en estos tiempos. Lo que se está discutiendo a partir de la certeza de que Cristina Fernández será la candidata por el oficialismo es como se reacomodan las piezas dentro del gabinete, entre los distinos sectores empresarios y el gobierno, y como se estructura la relación del gobierno con los grandes medios de comunicación. Por lo tanto, en ese tironeo de intereses económicos aparecen las operaciones y un inusitado interés de algunos medios por las denuncias de corrupción.

Está claro que los cañonazos que ha sufrido el Gobierno nacional en los últimos tiempos encuentran en los capitalizadores de tal situación a otros sectores de la derecha que buscan imperiosamente instalar un/a candidato/a que le haga frente al oficialismo. Y guiándose por los parámetros del mal menor, la renuncia de Miceli no es un punto a favor de algo mejor. Pero eso no debe condicionar la lectura de que la corrupción aparece en este gobierno seguramente mucho antes de Skanska y de Miceli, y que la coima y el lavado de dinero estén institucionalizadas en las esferas estatales son síntomas de que algunas cosas no cambiaron tanto como se pretendía o se pretende. En definitiva, la deshonestidad va de la mano de las políticas que favorecen a los sectores económicos que pagan las coimas y que son los reales ganadores en este modelo económico.

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