Provincia de Santa Fe

Paro, reforma tributaria y otras yerbas (de las que hacen mal)

por Daniel Acosta

El Estado tiene como único recurso genuino, aquel que percibe a través de los impuestos. El sistema tributario de un Estado, junto a los salarios, representa el patrón distributivo de la sociedad.

Un sistema impositivo basado en el consumo (regresivo le llaman) es absolutamente injusto, atento que deben pagar todos los ciudadanos por igual, pero en términos proporcionales pagan mucho más lo que menos tienen, los que no tienen capacidad de ahorro. Es decir, los trabajadores y los desempleados.

En la Argentina siempre han pagado mas los que menos tienen pero hablemos de unos años atrás a la fecha, más precisamente del 2001, se acuerdan, no hace mucho tiempo, el 19 y 20 de diciembre de ese año, Pocho Lepratti y otras decenas de trabajadores caían luego de días de movilizaciones asesinados, cerrando dicho período con los fusilamientos de Kosteki y Santillán en junio del 2002. A partir de allí se produjo un importante crecimiento de la economía que en su conjunto creció a un ritmo del 8% anual acumulativo ampliándose la brecha entre pobres y ricos.

Sin embargo, los sectores que más crecieron siguen pagando impuestos lo mismo que hace 18 años, por algo se la llama a nuestra provincia paraíso fiscal. Qué se entiende por esto: aquellos países, islas o lugares que mediante regímenes jurídicos asquerosos y reglamentaciones fiscales flexibles, ofrecen exenciones y beneficios impositivos.

La provincia de Santa Fe pasó a integrar uno de esos lugares con relación a otras provincias (pero partiendo de la base de que pagan los que menos tienen en el norte, en el sur y aquí es más escandaloso). En Córdoba la tasa por Ingresos Brutos a la Industria es del 0,5%; en Entre Ríos desde el año 2005 es un 2,5%, en la provincia de Buenos Aires del 1% y en Capital Federal del 1%. En Santa Fe es 0.0%.

Algunos datos: sobre la televisión por cable, vale recordar que mediante proyecto enviado por el entonces gobernador Carlos Reutemann y su ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier, se sancionó la ley Nº 10.768 del 26/12/1991, eximiendo del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la televisión por cable. Con posterioridad, también mediante proyecto remitido por el gobernador Carlos A. Reutemann y su ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier, se dictó la ley 10.973 del 30/11/1993, condonando la totalidad de la deuda que en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos adeudaban los contribuyentes que ejercían la actividad de televisión por cable, circunstancias éstas que significaron un altísimo perjuicio tanto para la provincia como para los municipios y comunas.

El impuesto inmobiliario también forma parte del paraíso fiscal que constituye la provincia de Santa Fe. El último avalúo fiscal de los inmuebles tanto rurales como urbanos y suburbanos es del año 1993, es decir diecisiete años atrás, aprobados por decreto Nº 0894 del 27/04/1993,. De acuerdo a esa valuación, el mayor valor asignado a una hectárea de campo no alcanza a dos mil pesos, cuando su valor actual es superior a diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000 x 3,76 = $ 37.600).

El impuesto de sellos y las tasas retributivas de servicios también participan del paraíso fiscal. De acuerdo al Código Fiscal, los avalúos fiscales asignados a los inmuebles constituyen también las bases imponibles mínimas en las celebraciones de escritura de compraventa de inmuebles, contratos y operaciones de carácter oneroso. Recordemos que se toman valores del año 1993.

En la actualidad tenemos la absurda paradoja de que cuando el Estado Provincial o sus municipios disponen expropiar un inmueble, éstos están obligados a pagarlo sobre el valor de plaza y no sobre el avalúo fiscal de ese bien, que por otra parte es justo que así se haga, pero también lo es que se tribute sobre los valores reales.

A modo de ejemplo lo que se paga con dos tipos de inmuebles:

Cualquier trabajador de la provincia que tenga la posibilidad de poseer una vivienda paga más de impuesto inmobiliario urbano que los grupos económicos que, solo en 2008, han facturado más de 8.146 (ocho mil ciento cuarenta y seis) millones de dólares. En el caso del sector rural, con campos que valen 15 veces más, recién ahora con la reforma Binner, paga dos veces másde impuesto inmobiliario y siguen sin pagar el impuesto a los ingresos brutos, con rendimientos altísimos en la producción de soja y otros cereales. Tampoco pagan ingresos brutos las industrias, pese al crecimiento antedicho, las grandes constructoras, no pagan las cerealeras que hicieron multimillonarias fortunas durante años, no pagan las automotrices que participaron del record histórico de fabricación de autos, sin embargo debe pagar quien tiene una simple peluquería o kiosco...

Las penas son de nosotros las sojitas son ajenas

Con un rinde de 33 quintales estamos hechos, dice Alberto Marchioni, productor agropecuario de la zona de Venado Tuerto (responde a una pregunta sobre si era rentable pagar un alquiler 20 quintales) lo que se encontrarían con una sobreutilidad o renta extraordinaria de 7 quintales por hectárea. Por un campo de 100 hs. a U$S 200 el quintal estaríamos hablando de un ingreso anual de yapa de $ 546.000, lo equivalente a los ingresos anuales de 16 enfermeras que se rompen el culo todo el año con unas vacaciones de 15 días hábiles y el productor trabajando 6 meses (lo que dura la cosecha) y, para mas indignación, el propietario del campo que lo alquila a tasa riesgo 0 (cero) (bueno no tanto ya que su tierra se impermeabealiza, etc,) le ingresaría casi $190,000 anual, el equivalente de 6 sueldos (todo gravado a tasa 0 en el Ingresos Brutos Provincial), pero si a esto se le suma la siembra del maíz en el otro semestre con rinde de 80 quintales por ha. mas $$$$$, eso sí deberían trabajar todo el año (es un decir).

Como con eso no les alcanza, en la actualidad los principales grupos exportadores de granos pretenden avanzar aún más con la frontera agropecuaria a costa de una mayor depredación del ambiente y de la expulsión de campesinos y comunidades originarias.

• 280 mil hectáreas de bosque nativo se desmontan, cada año, en el país.
• Una por minuto Con esas cifras anuales puede decirse que cada 60 segundos se pierde una hectárea de bosque.
• 70% de esta deforestación irracional ocurre en la región chaqueña.
• Un millón de hectáreas de tierras fiscales con bosques nativos de la provincia del Chaco se traspasaron a manos privadas en sólo seis años, de 1999 a 2005.
• 87% de los bosques de Córdoba fueron destruidos en menos de un siglo.

En el norte de Santa Fe se triplicó el desmonte en los últimos cinco años. Hoy sólo quedan 570 mil hectáreas de bosques nativos, pero cada año se pierden 30 mil más. Si se sigue a ese ritmo, en poco más de una década no habrá muestras de bosques nativos en la provincia, sostiene la Fundación Hábitat, citada por un informe oficial.

Con aproximadamente seis millones de hectáreas en producción en la provincia, sólo se prevé recaudar $ 185.000.000 (ciento ochenta y cinco millones de pesos). Es decir un promedio de $ 2,60 (dos pesos con 60/100) por hectárea por mes.

Como anteriormente dije, no se toca a los grandes sectores productivos en nuestra provincia y pasamos a depender de recursos nacionales, “en el primer semestre de 2008 los recursos propios significaban apenas el 35% del total de los recursos de la administración provincial, donde el 65% provienen de jurisdicción nacional”.

“De ese 65%, un 45% son recursos coparticipados (ejemplos: IVA e Imp.a las Ganancias) y el otro 20% son fondos, del 35% de los recursos propios el 78% depende de Ingresos Brutos, es decir, un impuesto típicamente cíclico, que crece con la bonanza y decrece con la depresión”, y que gravan las actividades económicas y normalmente se termina trasladando a los costos de sus productos pagándolo finalmente la población ya que todos los estados o gobiernos responden a los intereses de unos pocos y no imponen topes de precios a los productos de primeras necesidades.

Y encima, ahora todos somos responsables!!!

Sepamos, y digamos claramente, que desde 1950 en adelante, en forma egoísta y mayoritaria, el pequeño grupo de países privilegiados que se comieron y comen el planeta, emitieron el 85 % de las porquerías que hoy afectan el clima global, para abastecer una demanda irracional y un despilfarro energético nunca visto, que elevó su consumo a niveles intolerables, mientras que gran parte de la humanidad no conseguía, ni consigue, lo mínimo indispensable para su subsistencia.

Los victimarios, que disfrutan del confort, los artículos suntuarios, arrasan países, inician guerras homicidas e injustas, o hacen del mercado y el consumo casi una religión, hoy se quieren poner en un plano de igualdad con las víctimas, reclamándoles reducciones o ajustes en sus procesos de búsqueda de una mejor calidad de vida, mientras tanto los ahogan con el peso de las ilegítimas e ilegales deudas externas, imparables e impagables además.

Recién desde una fecha no muy lejana pudimos comenzar a recuperar salario real y hoy no podemos resignarnos a un nuevo retroceso. Por ello, es necesario que todos los trabajadores insertos en éste paro virulento, lo aprovechemos para charlar, discutir y sacar conclusiones sobre cuál es el modelo de apropiación, utilización, consumo y reparto de los recursos planetarios. Esto tiene que ver con una equitativa distribución de la riqueza y en definitiva con una verdadera justicia global en lo económico, político, ambiental y social.

Mientras los poderosos sigan teniendo éstos gobiernos títeres, la miseria, el hambre, el autoritarismo, la guerra, la violencia, el descalabro ambiental y la desigualdad, seguirán multiplicándose inclusive las calamidades sobre la Tierra.

Esta injusticia, es la que posibilita que el 20 % de la población enriquecida del planeta, consuma el 80% de los alimentos y el 85 % de la energía que se produce, y que el cambio climático que no provocamos, pero que sufrimos, mate 1 persona en aquellos países, pero 60 en los nuestros. Y como si eso no fuera bastante.

Por qué no discutir entre los trabajadores, desocupados y restos de sectores populares un proyecto de política tributaria progresiva donde paguen los que más tienen como un primer paso para obtener los recursos necesarios e ir resolviendo las necesidades populares, que surjan de los bolsillos de los grupos concentrados de la economía provincial y no del de los trabajadores ni comprometa las finanzas públicas con mayor endeudamiento.

De donde sacaríamos la plata para el aumento de los docentes y trabajadores públicos de la provincia, veamos

Una producción estimada de soja para la cosecha 2009/2010, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en 52 millones de toneladas, de concretarse, sería la cosecha más grande de la historia del país, en Santa Fe se podría obtener un rinde medio en soja de 33,3 qq/ha, mientras que Buenos Aires podría estar en torno a los 29 qq/ha, y Córdoba en 28,3 qq/ha. De ésta manera, Córdoba seguiría afirmándose como la provincia líder en soja con un potencial productivo de 14,7 millones de toneladas, seguida por Buenos Aires con algo más de 14,5 millones y Santa Fe con 12,2 millones de toneladas.

Es decir que en Santa Fe, hablando únicamente de la soja, cn 122 millones de quintales a U$S 200 el quintal y el dólar a $ 3,90, estaría ingresando en dinero por dicha producción la suma de $ 95.160.000.000 y si a esta suma le retenemos el 1% del impuesto Ingresos Brutos ingresarían a la provincia $ 951.600.000.

La masa salarial prevista para este año sin el incremento del 7 % es de 7.755.340.700 pesos, según datos oficiales, en tanto el 49 % de ese monto corresponde a los ingresos que cobra la docencia, incluidos los aportes que van para la enseñanza privada. Estos subsidios también se orientan a sueldos.

Para el total de agentes públicos -sin contar las empresas del Estado-, el incremento del 7 por ciento representa $ 474.305.000, que a medida que pase el año será más por imperio de su ajuste conforme al IPEC.

Conclusión: únicamente con la retención al agro del 1% sobre lo estimado de ingresos por producción de soja ($ 951,600.000) alcanzaría para cubrir un 14% más de aumento de la masa salarial (docentes, judiciales, personal legislativo, salud y el resto de la administración central) y si a esto le sumamos los ingresos provenientes de los otros grandes sectores de la economía que están exentos como la industria y la construcción, comenzaríamos a hablar de hospitales, escuelas, etc.

Eso sí, para que la eliminación de la exención a las principales actividades productivas no se traslade a los precios y que el ingreso proveniente de estas recaudaciones extraordinarias vaya a un fondo que se utilice únicamente para absorber salarios, obras para salud y educación en ese orden, los únicos garantes de que se cumplan dichas metas deberían ser los propios trabajadores (llámese comisión de seguimiento, de control o como más les guste)… sí, digo integradas por “trabajadores” no aquellos que no trabajan y se erigen en representantes.

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