El mes pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó la revisión de 1,19 millones de firmas que eran determinantes para convocar al referendo revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez Frías.

     Los mediadores en esta instancia fueron la OEA y el Centro Carter, es decir, los encargados de convocar a los 1,19 millones de personas para que ratificaran si querían respaldar la petición de referendo o ser excluidas de la solicitud.

     Con la ratificación de firmas, se logró lo que tanto anhelaba, y por lo que trabajó con tanto esfuerzo la Coordinadora Democrática, que el referendo se realice antes del 19 de agosto de 2004. Recordemos que si sucediera después de esta fecha y Chávez fracasara en la consulta, la presidencia recaería sobre el actual vicepresidente de Venezuela, hasta terminar el período del actual mandatario el 10 de enero de 2007.

     El referendo tendrá lugar, luego de la decisión tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de invalidar la decisión anterior de tomar como dudosas las firmas y, avalada por la Sala Electoral del poder judicial, el próximo 15 de agosto. Con la aceptación de la validez de las firmas planas se abre camino a un silencioso choque de poderes.

     A pesar de que la legislación local prohíbe la difusión de cifras sin autorización oficial, la opositora Coordinadora Democrática dijo el lunes a los corresponsales que hay 2,57 millones de firmas válidas para el referendo, luego de que 750.899 personas se reafirmaran en el mes de junio a favor de la consulta. Este anuncio fue negado por el oficialismo.

La polémica intervención exterior

     El oficialismo desconfió sobre los plazos estipulados por la misión de la OEA (Organización de Estados Americanos) que "observaría" el proceso de ratificación de firmas junto al estadounidense Centro Carter para la Paz. Por esta razón, exigió un máximo de tres días para informar sobre la convocatoria o no al referendo luego de la verificación de las mismas.

     Ismael García, otro líder oficialista, solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral, árbitro del proceso, que retire de la condición de observador al jefe de la misión de la OEA en Venezuela, Fernando Jaramillo, director del gabinete de César Gaviria, secretario general de la OEA este último, por considerarlo un miembro más de la Coordinadora Democrática.

     "Cualquier informe que firme Jaramillo para nosotros carece de validez", afirmó Cabello, y criticó también al Centro Carter "por declaraciones como la de que hará un conteo paralelo, cuando el único facultado para dirigir el proceso y ofrecer resultados es el Consejo Electoral".

     Las observaciones y críticas públicas efectuadas por la OEA y el Centro Carter al proceso de reparos, fueron consideradas por los sectores afines al gobierno como ajenas a su papel de meros observadores.

     Durante el proceso de reparos Chávez estuvo ausente de su país, permaneció en la ciudad mexicana de Guadalajara para asistir a la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe.

     Gaviria fue el artífice de un acuerdo firmado hace un año entre el gobierno y la Coordinadora Democrática para buscar una salida a la crisis política por la vía de referendos revocatorios, que pueden solicitar 20 por ciento del padrón comicial, bajo ciertos requisitos, contra cualquier funcionario elegido en las urnas. El mismo presentó a la asamblea de la OEA "un informe sobre Venezuela, que puede ser un capítulo de su memoria o bien, por la importancia del caso, un informe especial", dijo Calderón, quien fuera canciller y luego ministro de Energía de Venezuela.

     "Nosotros no buscamos que la OEA sancione a Venezuela con un boicot, o que la aísle de organismos internacionales, sino que condene el comportamiento de su gobierno. Jugamos simultáneamente en dos tableros, el nacional, que es el más importante, y también el internacional", dijo Calderón.

     Felipe Mujica, negociador de la Coordinadora ante el Consejo Electoral, opinó que "las trabas puestas por el oficialismo al proceso de referéndum han sido como un fraude en cámara lenta". Por el contrario, Chávez y sus seguidores habían dicho que respetarían el veredicto del Consejo Nacional Electoral, cualquiera que sea, mientras que la oposición evadía formular el mismo compromiso.

Las especulaciones numéricas

     Las cifras de once empresas encuestadoras venezolanas establecen que "hay un 60% de los 11,9 millones de electores inscriptos que está a favor del referéndum y de éstos hay 4,8 millones que votarían por el Sí para revocar el mandato. Chávez sacó 3,7 millones de votos cuando fue reelecto hace tres años, lo que da una diferencia de más de un millón de votos a favor de la oposición.

     Sin embargo, si volvemos a los resultados de las urnas del año 2000, al momento de asumir el mandato presidencial, la cifra de votos ascendía a 3,8 millones, es cierto. Sin embargo, la oposición que recogió firmas 3 veces, alcanzó un máximo de 2,5 millones. Falta más de un millón de firmas para lograr la derogación del mandato de Chávez.

     Pero, esta es una instancia revocatoria lograda por la oposición. Vale decir, que si bien fue necesario que al menos el 20% del padrón electoral pidiera el referendo, ahora es necesaria una fuerte campaña nacional para que la instancia electoral tenga las mismas características que la de las elecciones presidenciales del 2000. Es decir, el resto del padrón debe asumir el mismo compromiso que entonces si pretende que Chávez termine su mandato para contrarrestar la instancia opositora.

     Por ley, Chávez no debe utilizar su posición para llevar adelante actuaciones proselitistas, por lo que se le complica la campaña electoral a favor del NO a la revocación del mandato. Aunque la oposición no puede evitar algo de eso en las juntas militares y en los actos oficiales. Debe reforzarse ahora esta campaña por el NO, no a la revocación, la discusión referéndum sí-referéndum no ha quedado atrás. La oposición se ha valido de vías institucionales legales para obtener el apoyo de veedores internacionales cómplices, y el veredicto a favor del referendo ya está dado.

     Movilizar al pueblo venezolano para que defienda como hace 4 años su soberanía o deje en manos de una petrocrática oligarquía el poder es la pulseada que se viene.

     El actual presidente venezolano no ha demostrado temor, de hecho él mismo estuvo a favor de la implementación de esta instancia revocatoria en la reforma de la Constitución de 1999.

     Además, hay un punto que juega a favor del gobierno y es que si se va Chávez, no hay oferta de la oposición sobre quién vendrá, y Hugo Chávez puede volver a presentarse a las elecciones establecidas a los 30 días de la consulta.

     Según Ezequiel Zamora, vicepresidente del CEN el resultado oficial del referendo se anunciará el mismo 15 de agosto por la noche.

La Iglesia

     En su comunicado, leído en la Conferencia Episcopal por su presidente, el obispo Baltazar Porras, el día de ayer, la iglesia ha apoyado la realización del referendo y ha dejado ver, aunque con disimulo, su ansiedad por que Chávez se vaya. Son conocidas las tensas relaciones establecidas entre ambos. Según el obispo, el referendo será una oportunidad para evaluar resultados y logros. Y expresó: "necesitamos superar la polarización y división que han entronizado la desconfianza radical de unos frente a otros, sustentadas en un lenguaje en el que prima lo ideológico y por el que se predica una verdad oficial repetida a coro, desconectada y contraria a la realidad". Polarización y división que no haría falta superar si jugara a su favor.

     Este último párrafo que parece figurita repetida, definitivamente lo es, pero no voy a hacer un repaso de la posición política eclesial de todos los siglos. Sin embargo, vale aclarar que, aunque 24 millones de venezolanos son católicos, la mayoría no ha optado por apoyar a la cúpula eclesial, la que se manifiesta como portavoz de los intereses del sector oligárquico.

     Para la prensa opositora, la misma que trabajó por la TV en el intento de golpe de1 11 de abril, los años "2002 y 2003 han registrado severas contracciones económicas, con crecimiento negativo en torno al 8% y 12% respectivamente, estimando un crecimiento del 3,2 % en este año. A pesar de todo ello, el gobierno de Chávez ha gozado de elevados precios del petróleo en torno a los $28-30 por barril, lo que le ha permitido acumular un excedente en las reservas internacionales, ubicadas sobre los 20.000 millones de dólares. En cualquier caso, la elevada tasa de pobreza, en torno al 80% de la población, junto al elevado desempleo de un 20% de la población económicamente activa y a una inflación galopante, que en el primer trimestre del 2004 alcanzó el 23,6%, auspiciada en parte por el control de cambio decretado por el gobierno desde hace más de un año, definen otro escenario gris."

     Quienes entienden que en Venezuela están pataleando los que siempre tuvieron privilegios, a costa de la desigual distribución de la riqueza y de los beneficios, los resultados y logros que realmente valen son, por numerar algunos hasta enero de 2003, los que se mencionan en la recopilación de discursos sobre el intento de golpe fascista:

     "Lo que pretenden los golpistas es quitarle el poder al pueblo. Lo que pretenden es restaurar el pasado de exclusión social y derechos conculcados. Lo que intentan es echar atrás la obra social, que en medio de tan complejas circunstancias, ha venido levantando el proceso bolivariano: las 150 mil viviendas para el pueblo construidas en los dos últimos años, las 15 mil viviendas entregadas a los damnificados de la catástrofe del Estado de Vargas, las 3 mil escuelas bolivarianas en las que un millón de niños recibe una enseñanza de calidad y una comida adecuada, los presupuestos triplicados para las universidades, el incremento de salarios a maestros y profesores, la entrega gratuita de tratamiento a enfermos del SIDA, los más de 3 mil venezolanos que han sido tratados y curados gratuitamente en Cuba, los acueductos construidos que han dotado de agua potable por primera vez en su vida a dos millones de venezolanos, los beneficios recibidos por miles de productores del campo, la decisión de no privatizar las industrias eléctricas, del aluminio, del agua y del petróleo que pretendieron hacer los neoliberales de ayer y pretenden hacer hoy los golpistas...."

     Esta vez, la estrategia fascista, es constitucional.