Las dos alternativas

     A un mes de vencidos los plazos para acordar con Aguas Provinciales, la multinacional entregó al fin sus pautas de renegociación. En la nota que presentó al gobierno santafesino, dejó bien en claro que desea continuar prestando los servicios en la provincia, vale decir, en los 15 municipios en los que los ha mal prestado hasta ahora.

     Ni el gobernador Jorge Obeid ni el Ministro de Obras Públicas Alberto Hammerly se manifestaron conformes. La empresa pretende mantener el marco contractual de concesión pero adaptado a la "nueva realidad social, económica y financiera" que vive el país, ya que sostienen que no cuentan con los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento y expansión de infraestructuras sanitarias.

     Pues bien, las dos alternativas de inversión que la empresa plantea son, por un lado 30 millones de pesos promedio anuales. Esta suma sólo para mantener el servicio en el radio atendido actualmente, con los que "se garantizarían los niveles de calidad que permite la infraestructura existente". Quedarían descartadas las expansiones de las redes de agua potable y de efluentes cloacales. Si se pretende esto último, la empresa propone una segunda alternativa técnico-económica. Una inversión de unos 100 millones de pesos promedio anuales. Se mejoraría también la calidad del fluido y se construirían plantas depuradoras de líquidos cloacales en Rosario, Santa Fe y San Lorenzo. Ambas alternativas se basan en que los recursos de la empresa son insuficientes para la ejecución de mejoras, según palabras del titular de Relaciones Institucionales de la empresa, Alfredo Parcel.

     La nota, de nueve páginas, presentada al gobierno, no conformó a Hammerly. El punto que el ministro cuestiona es que Aguas no presentó un cronograma de obras, no se aclara en cuántos años se va invertir el dinero que piden. Además consideró que se está involucrando al Estado en un plan de gerenciamiento de obras que no corresponde, ya que Aguas no cumplió anteriormente con los objetivos y metas estipulados. Llegó a amenazar con rescindir el contrato por 30 años, firmado en setiembre de 1995.

Por qué sigue el intento

     Obeid insiste con la plena vigencia del contrato, Aguas plantea una discusión integral del mismo porque la devaluación significó la ruptura de la ecuación económica. En este plano de desacuerdos, por qué el gobierno se sienta a analizar nuevamente la cuestión y pide a la empresa que presente un cronograma para evaluar las sumas estrafalarias que la empresa pretende?

     Hasta hace pocos días, unas dos semanas, el gobierno de Jorge Obeid hacía fuertes declaraciones contra la empresa de capitales franceses. Sin embargo, en Washington sigue en pie una demanda que Aguas presentó contra el Estado nacional para exigir un resarcimiento económico debido a la devaluación. Esta presentación judicial exige 169,1 millones de dólares, según lo calculado a fines de 2002 en concepto de "indemnización" ante acciones que la firma describe como "nacionalización" y "expropiación" por parte de Santa Fe.

     Si aquí radica el cambio de actitud de las autoridades provinciales, es debido a que el gobierno ha dado sobrados motivos de turbidez en todas las renegociaciones que ha concretado desde 1999 hasta hoy. Aguas se ampara en los decretos, que son muchos, que la habilitaron para suspender las obras programadas y renegociar plazos y montos cada vez que quiso. Insiste en que nunca incumplió y en seguir prestando el servicio.

     Alberto Muñoz, Presidente de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, desde donde se organizara el Plebiscito para rescindir el contrato con Aguas en setiembre de 2002, explica que para quedarse en el país, lo que incluye la provincia, la empresa plantea la obtención de mayores ganancias. De qué manera? Con un aumento de tarifas o con la disminución de las inversiones previstas.

     Hasta ahora, Hammerly, ha asegurado que no habrá aumento de tarifas... por este año.

La ley 11220

     No hay una son dos. Según la guía de acontecimientos que hicieron que Aguas Provinciales se quedara en Santa Fe, todo indica que esta vez, también puede ser.

     Allá a los lejos, se logró la instrumentalización del contrato "de metas y objetivos", lo que significa que la empresa no paga al Estado provincial canon alguno por la explotación del servicio. La contraprestación a su cargo consistía en las obras que se debían hacer para que no colapsara el servicio que prestaba la DIPOS.

     Con este pretexto, en aquella primera oportunidad, después de abrir el debate político, se sancionó la Ley 11.220, dentro del Marco Regulatorio del Servicio, el 24 de noviembre de 1994. La misma fue promulgada por el Gobernador Carlos Reutemann el 7 de diciembre del mismo año.

     Para dimensionar la perversidad de esta Ley, basta considerar algunos artículos, como el Art. 56 de Obligatoriedad de Conexión y su pago: (por el cual se obliga a pagar la tarifa a aquellos propietarios de inmuebles que no reciben efectivamente el servicio); el Art. 91 sobre el Pago del Servicio: mediante el cual se le otorga al concesionario, proceso de ejecución fiscal para perseguir el pago de la tarifa; el Art. 92 - sobre el Corte del Servicio, que restringe el acceso al consumo de un servicio público indispensable; el Art. 96 - de la Transferencia de Dominio, que bloquea la transferencia de inmuebles a los usuarios que mantengan deudas con una empresa que sólo ejerce la concesión del servicio.

     Más adelante, en 1997, los legisladores justicialistas aprueban la renegociación del contrato y sancionan la Ley 11.665. Con esta, se faculta al Poder Ejecutivo a renegociar en el futuro con la empresa el contrato de concesión. A partir de entonces, la Legislatura queda despojada de sus funciones y es el gobernador quien queda plenamente facultado para modificar el contrato original sin control del poder Legislativo.

     Tengamos en cuenta, para ver con claridad el riesgo que esto significa, que las sucesivas renegociaciones consistieron por parte del Ejecutivo en aceptar el incumplimiento de los servicios, de los compromisos asumidos.

     Como ejemplo, mediante el Decreto 726/97 el Gobierno de Obeid gestionó la apertura de una nueva renegociación por la que el gobierno prorrogó plazos de finalización de obras, y con la finalidad de garantizarle la expectativa de ganancias al concesionario, autorizó un aumento del 13,2% de la tarifa.

     En definitiva, bajo el rótulo de renegociación, se encubre el destierro de la seguridad jurídica en materia de contrataciones públicas en la provincia de Santa Fe.

     Posteriormente, según el Decreto 1691/100, que culminó con el acuerdo para las modificaciones al marco regulatorio y contractual de la concesión, el gobierno acordó un aumento de la tarifa del 10% a partir del año 2005, la interrupción de planes de expansión del servicio por 8 años, la transferencia de la responsabilidad de ejecución de obras de expansión a terceros, municipios, cooperativas, vecinales, etc.; la revisión y modificación de las normas de calidad de agua potable y efluentes cloacales, a las condiciones hidrológicas, geológicas, sociales y económicas de la provincia; las nuevas normas y costos en cuanto a cortes, recargos por mora y reconexiones que agravan la situación de los usuarios con problemas socioeconómicos, creándose además la figura del gasto administrativo por otorgamiento de Plan de Pagos; la introducción del criterio del mantenimiento de la inalterabilidad del equilibrio de la ecuación económica-financiera original del contrato, con la metodología de revisión y modificación del Plan General de Mejoras y Desarrollo del Servicio, sepultando el principio de riesgo empresario sustentado en la Ley 11.220, y las prescripciones del Decreto 2.141/95, que fueron las bases de la adjudicación y posterior contratación; la eximición del Poder Ejecutivo a exigir el cumplimiento de las metas y compromisos contractuales y el reconocimiento de la improcedencia de toda sanción por incumplimientos contractuales, y el compromiso de dejar sin efecto cualquier actuación existente o que pudiere existir en el futuro.

     Según la opinión de la Dra. Alicia Ferraretto, quien realiza un informe detallado de todo lo expuesto, "la empresa que hoy detenta el monopolio del servicio resulta adjudicataria dado que ofrecía costos bajos en concepto de tarifas, y su oferta en materia de obras para expansión del servicio era adecuada para la declamación demagógica; pero la voraz apetencia electoralista, y por qué no decirlo, aquellas contingencias inconfesables que caracterizaron todo el proceso de privatización, no le permitieron advertir a los gestores del negocio que el costo de los cargos pretendidos en concepto de obras eran notoriamente desproporcionados al ingreso promedio de los santafesinos".

     Como dato más que significativo, de los 60 meses de vigencia de la concesión, hasta diciembre de 2000, hubo un total de 28 meses de renegociación, casi la mitad del tiempo con cese de obras.

Municipalización del servicio

     Mientras la empresa llora déficit, según los datos del ENRESS, recaudó el año pasado -solamente en Rosario- 62.484.073,79 pesos. El aumento del 13,85% en las boletas le representó un ingreso extra desde 2000 hasta 2004 de 28 millones de pesos, sólo en esa ciudad.

     Sin embargo, miles de vecinos de la ciudad padecieron la falta del servicio debido a las obras no realizadas en esos años. Casi el 30% de la población rosarina no tiene cloacas. Se multiplican los reclamos de los vecinos de los barrios del sur, oeste y el noroeste por carecer de suficiente presión de agua, y la de los del macrocentro, por que se inundan con cada lluvia. De ahí que la Municipalidad de Rosario elevó la propuesta de municipalizar el servicio, lo cual no significa estatizarlo, sino achicar las áreas. Municipalizar significa recuperar la titularización de los servicios sanitarios, dejando en manos estatales o no estatales la prestación efectiva de los servicios sanitarios.

     Esto tuvo inmediata aceptación de la Intendencia de Rafaela.

     En Rosario, el saneamiento pluvial de la parte antigua de la ciudad, la extensión del servicio y de la red cloacal, lisa y llanamente fueron los tres compromisos principales que no se cumplieron. Según estudios de la Secretaría de Salud Municipal, en los sectores donde no se completó la obra de cloacas, se encuentran los mayores registros de enfermedades hídricas: enterocolitis y hepatitis A, principalmente.

La historia sin fin

     Una nueva oportunidad de recrear la solución del problema vuelve a estar en el escenario santafesino. El Estado y el ENRESS están obligados a romper la contratación con la empresa, ya que no ha cumplido con ninguno de sus compromisos.

     Quienes plantean la municipalización del servicio plantean un la existencia de un tercer sector asociativo (asociaciones civiles sin fines de lucro, sociedades civiles o cooperativas), del sector privado o de una combinación de éstas, debido a la ausencia del estado como garantía de transparencia. Algunos sectores proponen la creación de un ente federativo municipal de servicios sanitarios por regiones que responda a los Estados municipales que lo compongan y que sea la autoridad de aplicación, de resolución y de inspección de la prestación de los servicios sanitarios. En consecuencia sería una especie de garante de que la ciudadanía acceda al agua y a los servicios cloacales y pluviales. La regionalización garantizaría la no suba de los precios de los servicios.

     De todas maneras, legalmente debe asegurarse el acceso al agua y servicios sanitarios como derecho social, no debe cortarse o suspenderse. El usuario debería tener total participación en el reclamo de sus derechos, cosa que se ha ido deteriorando con el tiempo y que poco a poco se está rearmando, debido a la cantidad numerosa de vecinos a los que se les ha restringido el servicio, con las consecuencias que esto conlleva.

     Para terminar, la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, se propone con más fuerza la rescisión del contrato con Aguas, esta vez, en una instancia que supera el plebiscito del 2002, por el que se juntaron más de 250.500 firmas a favor de la misma. Ahora se plantea una forma concreta de estatización, a través de la municipalización, del servicio, y el debate ciudadano está abierto.