La nueva ley de educación: ¿se discute?

por Enzo Vicentín

La semana pasada todas las escuelas primarias y medias del país tuvieron Jornadas Institucionales (1 o 2 días) para discutir internamente el proyecto de nueva ley de educación nacional impulsado por el gobierno nacional. Jornadas que forman parte de un ajustado calendario que maneja el Ministerio de Educación, y que tiene como objetivo que el Congreso apruebe la nueva ley entre octubre y noviembre de este año.

Estos debates, que acompañarán a los programados con jóvenes estudiantes, padres y ONGs, tienen como finalidad, según las expresiones de los altos funcionarios del Ministerio de Educación nacional, generar un amplio consenso alrededor de la nueva ley. Filmus ha dicho que quiere "una ley de consenso", discutida por todos los sectores. En la persecución del objetivo, el Gobierno nacional cuenta con algunos apoyos significativos, como el de la CTERA, que a través de la campaña "pongamos la escuela en asamblea" busca que los docentes de todo el país intervengan activamente del debate. Dos preguntas deben hacerse: ¿qué se pone a discusión? y ¿qué importancia tiene la voz de los docentes en el debate? Esta nota no se detiene en discutir el contenido del proyecto condensado en un documento base, del cual se encuentran disponibles en Internet algunas buenas críticas. Lo que busca es analizar para qué sirven las instancias de debate como las que se produjeron en las escuelas la semana pasada, y en todo caso preguntarse si realmente sirven al debate.

Veamos cuales fueron algunas de las reflexiones que hicieron los propios protagonistas de las Jornadas, o sea los docentes de todo el país. En Santa Fe, el diario El Litoral dice: "En general, los profesores se mostraron escépticos. "Seamos realistas: los cambios históricamente fueron impuestos. De todas formas, sin ser ingenua, quiero pensar que aún podemos generar cambios desde abajo", señaló Laura. Otra docente, Alejandra, fue un poco más optimista. "Si bien el debate no sirve en lo macro, sí nos permite en lo micro enriquecernos con las opiniones de nuestros colegas"". Mientras, Clarín reproduce opiniones de una escuela bonaerense: "En el ex Normal Nº 2 los educadores plantearon algunas dudas sobre la propuesta oficial: "Nos preocupa que nuestras opiniones no se tengan en cuenta y que el proyecto esté armado con los lineamientos del Gobierno"". En la ciudad de Buenos Aires, una docente le dice a un periodista del mismo diario: "Los maestros mostramos un compromiso enorme con la nueva Ley. Tenemos muchas ganas de debatirla porque en la anterior nos dejaron afuera. Ahora nos sentimos parte". Por último, La Gaceta de Tucumán afirma: "La jornada de ayer fue maratónica. En las escuelas se leyó velozmente el documento, pero faltó tiempo para el debate. Eso llevó a algunos, como al docente Rafael Bujazha (Comercio I) o al estudiante Pablo Artezama (Colegio Nacional), a coincidir: "esto está todo arreglado. ¿Quién va a leer nuestra opinión?"". De estas crónicas puede verse que la variedad de opiniones circuló dentro de un rango entre un escepticismo muy marcado y un optimismo mesurado. No es un dato menor que en todas las crónicas se habla del escaso tiempo de preparación que tuvieron las Jornadas (en varios casos las copias del documento base llegaron a manos de los docentes el mismo día de la Jornada), y de lo difícil que fue abordar los 10 ejes en solo un día de discusión. Mientras las autoridades educativas nacionales y provinciales evaluaron las Jornadas como un éxito, resaltando reiteradamente la alta participación de los docentes, fueron estos los que se ocuparon de criticar la forma en como se llegó y se dio el debate en cada escuela, cuestionando la seriedad y la significatividad del mismo.

Vale preguntarse a qué convoca el Ministerio de Educación nacional a los distintos actores de la educación. Los convoca a discutir un documento base, que luego de ser revisado utilizando los aportes de los docentes, durante el mes de agosto volverá a las escuelas para una última revisión antes del tratamiento de la nueva ley en el Congreso. Esto, claro, es la línea propuesta por el Gobierno. El documento base expresa en 10 ejes algunos puntos fundamentos que recuerdan a la actualmente cuestionada Ley Federal de Educación (expresión de un modelo educativo neoliberal, paradoja para un Gobierno que dice combatir al neoliberalismo). En ninguna parte del documento, por ejemplo, el Ministerio propone modificar la Ley de Transferencia de servicios educativos (24.049); en ninguna parte hay una expresión que garantice el principio de gratuidad de la educación pública. Esto daría para otra nota aparte, lo importante es marcar de qué manera el gobierno nacional "baja" su proyecto a las escuelas. Dijimos ya que el tiempo de preparación de las Jornadas fue insuficiente o directamente nulo, y que el tiempo de discusión no alcanzó para abordar los 10 ejes del documento base. Por otra parte, la consulta repartida en todos los diarios de tirada nacional el domingo 2 de julio o el cuestionario que se anexa al documento base representan una falta de respeto a la inteligencia de los docentes, una "tomada de pelo" como se suele decir. La pedagoga Vila Pruzzo dice acerca de estos mecanismos: "Esas preguntas, no sólo implican una subestimación descarnada a todos los profesores, agobiados como estamos ante un cúmulo de problemáticas que nos está excediendo, sino una maniobra de manipulación a la que nunca hemos sido sometidos, aun en las épocas de las discusiones de ficción sobre la Ley Federal de Educación". Explicando mejor la manipulación, afirma: "Los docentes se enfrentan a preguntas convergentes bloqueantes, así llamadas porque dirigen las respuestas hacia opciones (SI-NO) que se resuelven desde el sentido común sin involucrar la reflexión crítica. Por ejemplo, en el eje 3 la siguiente pregunta: "3. ¿la educación de nivel medio debe ser obligatoria? Con lo que surge inevitablemente el Sííiiii. Esperado". En la consulta difundida a través de los periódicos, el Gobierno pregunta "¿Ud. cree que el Estado tiene la obligación de garantizar igualdad de oportunidades a través de acciones que favorezcan a los sectores sociales más desprotegidos?" Es ridículo pensar otro resultado que no sea una absoluta mayoría apoyando tal principio. Pruzzo afirma que de esta manera es muy fácil alcanzar un consenso basado justamente en las estadísticas arrojadas por el análisis de las encuestas. Claro que el consenso es un consenso vacío, manipulado por la orientación de las preguntas.

También hay que analizar en qué etapa del nuevo proyecto educativo de la nación se busca el consenso. Como se ve, las rondas de consulta entre docentes, padres, estudiantes, ONGs, sectores empresarios, la Iglesia, etc. son previas a la redacción de una nueva ley, que no va más allá de fijar los principios y la estructura del sistema educativo a futuro. La ley dejará principalmente en manos del Consejo Federal de Cultura y Educación (formado por el ministro de educación nacional y todos los ministros provinciales) la instrumentación efectiva del nuevo sistema. O sea, que la determinación de los contenidos básicos comunes (o como se los llame ahora), la formación docente, el impacto de las asignaturas del área Tecnología o las cargas horarias en los distintos niveles, todo eso pasará por discusiones de "mesa chica", lejos de una discusión amplia. Algunos párrafos del documento base pueden sustentar esta lectura. En el eje 10, el Gobierno nacional lo expresa con un lenguaje adornado: "La educación es uno de los instrumentos más importantes para promover la cohesión nacional y social y la responsabilidad mayor -en un país federal como el nuestro- recae sobre las autoridades nacionales. Para ello, es necesario llevar a cabo procesos de concertación que permitan definir los objetivos y los resultados comunes a todas las jurisdicciones, con los mayores niveles de participación posibles. La cohesión no puede lograrse por imposición del poder central. Es necesario fortalecer el rol del Consejo Federal de Cultura y Educación, y promover otros espacios que permitan la participación de los distintos actores de la comunidad educativa, tanto a nivel nacional como local." Y más adelante: "Al mismo tiempo, la capacidad de concertación del Ministerio Nacional debe desarrollarse en dirección a otros actores que, como los medios de comunicación, los representantes de las fuerzas del trabajo y la producción, los sectores científicos y académicos, etc., también pueden aportar al sistema educativo desde una perspectiva nacional".

El Gobierno le abre una puerta a la CTERA (y a otros gremios) para que sea parte activa de las discusiones de fondo sobre el sentido de la educación, al mismo tiempo que le abre otra puerta a los empresarios y los medios de comunicación (que también son empresas) para que sean actores con capacidad de determinación dentro del proyecto educativo nacional. Por otro lado, se contempla la instrumentación de consejos consultivos que discutan el curriculum, siempre hablando de "diferentes actores de la sociedad". Es altamente probable la presencia de la Iglesia en esas instancias, aunque no se la nombre.

¿Cual es la conclusión que puede sacarse a partir de esto? Creo que las actuales discusiones que se vienen dando en las escuelas, enmarcadas dentro de la búsqueda por parte del Gobierno nacional de una "ley de consenso", expresan la búsqueda de un consenso vacío que sirve para legitimar un consenso de minorías, que empezará a andar sobre todo después de la aprobación de la ley, a la hora de instrumentar el nuevo sistema educativo. Adelantándome a los hechos, considero que al momento de discutir las formas a través de las cuales se plasmen los principios de la ley, no habrá Jornadas Institucionales ni una alta participación docente, porque ni la CTERA ni el Gobierno impulsarán una discusión amplia de estructurantes tan importantes del sistema educativo como el curriculum, la formación docente o los contenidos de cada área. Eso quedará para que un consenso de minorías políticas, empresariales y gremiales oriente la educación en Argentina. Ojalá me equivoque, y que la CTERA "ponga a la escuela en asamblea" nuevamente cuando se presenten esas trascendentales discusiones. O que las bases docentes exijan a su conducción "abrir" los debates a la totalidad de los docentes del país, lo cual sería altamente positivo. En la lógica del proyecto oficial, el consenso se manipula al principio (antes de la ley) para legitimar un posterior consenso que poco de democrático tendrá. O dicho en otros términos, hacer creer que la reforma educativa es democrática y plural, cuando en realidad no lo es.

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