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Bachelet no cumplió por Daniela Pierotti En un último aliento de tolerancia hacia el estado chileno, después de que cuatro presos políticos mapuches realizaran una huelga de hambre de más de 65 días en reclamo de la derogación de la ley antiterrorista que se les aplicara, los mapuches habían aceptado que entrara en tratamiento en comisión legislativa el proyecto para reformar el Decreto de Ley 321 sobre Libertad Condicional presentado por el senador socialista Alejandro Navarro. Con este proyecto, los presos políticos mapuche accederían a un régimen de libertad vigilada pese a haber sido condenados por la ley antiterrorista (18.314), que impone el cumplimiento de la pena en prisión. El plazo fue extendiéndose hasta llegar al día de hoy. Ni la presentación del proyecto de modificación de ley ni el proyecto presentado por Navarro fueron votados. La Comisión Política por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche ha declarado que "el día Martes 1º de Agosto de 2006, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no votó el proyecto de ley propuesto por el Gobierno que modificaba la Ley 18.314, que establece y sanciona las conductas terroristas." La iniciativa la había presentado la propia Presidenta Michelle Bachelet, el 5 de julio de 2006, y existía el compromiso de que sería conocido y votado el martes en la Comisión del Senado. Esta Comisión tampoco votó el proyecto de ley propuesto por los Senadores Navarro, Guirardi y Letelier que perseguía facilitar el acceso a la libertad condicional para mapuches condenados injustamente por supuestos delitos terroristas. Los parlamentarios argumentaron que este proyecto tenía "vicios de inconstitucionalidad" por lo que no era viable aprobarlo. Ahora los parlamentarios anunciaron que buscan una tercera alternativa legal que permita la libertad de los presos políticos mapuches, lo cual implica la tramitación de un nuevo proyecto de ley o el alargue en la tramitación de los ya presentados. Esta nueva propuesta consistiría en una ley de indulto. Posibilidad que es rechazada por el pueblo mapuche debido a que es inviable políticamente debido al alto quórum que requiere su aprobación (dos tercios de los parlamentarios en ejercicio). Además, se la quiere acompañar de exigencias inadmisibles para los mapuches como es "renunciar a la violencia" en circunstancias que ha sido el Estado de Chile el autor de la violencia en contra del Pueblo Mapuche al privarlo de sus territorios y recursos y negarse a reconocer sus derechos colectivos, hoy explícitamente reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su primera sesión, el 29 de junio de 2006. La comisión política mapuche denuncia la falta de voluntad política del gobierno chileno haciendo alusión a las reiteradas postergaciones que han tenido los proyectos de ley y que hasta hoy no han sido llevados a la sala del senado para su votación. "Este retraso y falta de voluntad política por parte de los parlamentarios para aprobar leyes que persiguen reparar en algo la aberraciones jurídicas cometidas contra nuestros hermanos, constituye una burla y una nueva afrenta contra el pueblo mapuche" y agregan que "además, quiebra las escasas confianzas puestas en los legisladores chilenos". También se suma la falta de voluntad política del Ejecutivo en orden a darle un efectivo respaldo a las iniciativas legales presentadas hasta el momento. No se ha puesto a su propio proyecto de modificación de la ley antiterrorista bajo "discusión inmediata", a pesar de existir un compromiso en tal sentido por parte del Ministerio del Interior y a pesar de tratarse de un proyecto propuesto por la Presidenta Bachelet, que ha tenido el respaldo explícito de los organismos de derechos humanos del país y de organizaciones internacionales de derechos humanos. El Gobierno demuestra así incoherencia y falta de seriedad. La represión sigue No sólo no existe voluntad de corregir leyes militares sino que se siguen sumando hechos de represión. Tras el cambio del Ministro del Interior, la semana pasada la comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla, IX Región y la comunidad de Pascual Coña en la VIII Región han sido objeto de un violento allanamiento por parte de Carabineros, destruyendo sus pertenencias e hiriendo a mujeres y niños. El lunes pasado el Ministro se negó a recibir a los loncos de la comunidad de Temucuicui. El ministro tampoco recibió a la Comisión Política de los presos políticos mapuche. Es decir, luego de un par de vueltas de disimulo, el gobierno de Chile ha vuelto a su política tradicional represiva contra el pueblo mapuche. La Comisión Política, cuyos integrantes son Francisco Caquilpan Lincuante, Domingo Marileo Toledo, José Cariqueo Saravia, Galvarino Reiman Huilcaman, Juan Curinao Rucal, Elizabeth Antilef Enriquez, exige a la presidenta una reparación a los mapuches ilegítimamente condenados. Y declara que "como Comisión hemos hecho todos los esfuerzos para que las iniciativas legales tengan éxito, actuando de buena fe y transparencia, poniendo al centro la búsqueda de mecanismos legales de resolución de conflicto. Es el gobierno de Chile y sus parlamentarios quienes han actuado de mala fe, sin voluntad y sin seriedad…. Llamamos a todas las organizaciones indígenas y los organismos de derechos humanos del país y la comunidad internacional a interpelar al Gobierno de Chile, para manifestar abiertamente su rechazo a esta nueva postergación de la libertad de los presos políticos mapuche y por tanto exigir las discusión inmediata del proyecto de ley que facilita la libertad de los presos y para que se respeten los derechos y libertades fundamentales de todos los pueblos indígenas en Chile". Opiná sobre este tema |
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