Breves de sábado (26/05/07)

El terrorismo antiabortista

por Miguel Espinaco

Sigue dando que hablar el caso Ana María Acevedo, la joven de 20 años a la que se le negó un aborto en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, un aborto que hubiera permitido un tratamiento paliativo temprano para la enfermedad que finalmente la llevó a la muerte. Por estos días vio la luz mediática una nota de "desagravio" en defensa del Doctor Andrés Ellena, el Director del Hospital que aparece cuestionado por este hecho.

La nota en cuestión, lleva la firma de unos 70 médicos y profesionales - según cuenta Rosario 12 - una cantidad que aparece un poco exigua si uno piensa que en el hospital Iturraspe trabajan más de 1000 personas según la información que aparece en la página web del gobierno provincial, y de ellos, unos 600 son profesionales.

"Sabemos de la probidad de su persona y la dedicación profesional y ética que reviste cada acto que representa una decisión de la dirección médica", dice el documento, y después se mete en una discusión apenas velada con el representante de la comunidad en el Consejo de Administración del hospital, Mariano Figueroa, a quien acusan de instalar en los medios "una versión distorsionada de la realidad hospitalaria" y de promover un "mensaje" que sólo "lleva intranquilidad y desconfianza a la población".

Pero dejemos estas cuestiones de lado un poco, para tratar de meternos en el fondo del problema. Porque la verdad es que está bien que se realicen todos los sumarios y todas las actuaciones necesarias para evaluar las responsabilidades civiles y penales en este caso, pero está mal que se escabulla la discusión política de fondo. Y como se trata de responsabilidades políticas, es cuanto menos extraño que no se hayan levantado voces exigiendo la renuncia de la ministra de salud Silvia Simoncini.

Y digo la renuncia de Simoncini porque ella ha sido la voz cantante, ha sido una de las correas de transmisión en el gobierno provincial de ese sostenido terrorismo antiabortista que propugnan ciertos sectores de la iglesia y sus fuerzas de choque, esos que se erigen en "defensores de la vida" pero que son en realidad defensores de la muerte, esos que a cada opinión científica que se atreve a sugerir la despenalización del aborto la apalean con epítetos inquisidores, la condenan al infierno de las opiniones condenables. Y si no se entiende lo que estoy diciendo te lo simplifico: acordate de Basseoto que quería hundir en el mar a Ginés González.

Fue la ministra Simoncini la que se negó a firmar aquella declaración en el Consejo Federal de Salud, cuando se debatía el aborto de la joven violada en Mendoza. Fue la ministra Simoncini la que no quiso opinar ante la muerte de Verónica Contreras, muerta por un aborto clandestino, a pesar de que el director del Hospital Cullen explicaba que el raspado uterino para completar abortos realizados en condiciones inseguras era la principal práctica quirúrgica de ese centro sanitario. Fue la ministra Simoncini la que explicó a la prensa que la política oficial es la defensa de la vida, y ya vez qué significa este eufemismo cuando se habla del aborto.

Desde que Simoncini ocupa su cargo - explica una nota de Página 12 del 8 de setiembre de 2006 - los avances en la aplicación del Programa Provincial de Salud Reproductiva se diluyeron: las ONG que trabajan en la problemática denuncian que los insumos girados por la Nación no se distribuyen eficazmente y el consejo asesor creado por ley se reunió sólo dos veces. En ese consejo participan las universidades nacionales del Litoral y de Rosario, los colegios de psicólogos, la Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones no gubernamentales.

Fue la ministra Simoncini junto a su par de educación, Adriana Cantero, la que avaló el curso denominado "Sexualidad, formación en valores", que estaba a cargo de la ONG "Con Mirada de Mujer" vinculada con la jerarquía de la Iglesia Católica y con Nereida Brumat Decker, que había sido abogada de la intervención de la UOM nada menos que en Villa Constitución y nada menos que durante la última dictadura militar, y que se cansó de repetir públicamente sus posiciones contrarias a la entrega de métodos anticonceptivos y de opinar a cada rato que el aborto es un crimen.

Entonces, más allá de las responsabilidades que pudieran caber en este caso en particular, vale recordar que ha sido en este clima político en el que los médicos tomaron o dejaron de tomar sus decisiones, ha sido en este escenario comandado por la ministra Simoncini, en este escenario el que cualquiera que decida un aborto corre el riesgo de ser crucificado sin más trámite.

¿No sería lo más lógico que alguien diga que la ministra Simoncini debe renunciar?

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