Hecha la trampa, sancionada la ley

Por Daniela Pierotti

     Quizá no sea casualidad la coincidencia climática de aquel 29 de abril y esta nublada y húmeda mañana de este jueves 21 de agosto. Es que las circunstancias tienen el mismo grado de indignidad. El Poder Ejecutivo Provincial ha presentado a la legislatura un proyecto de ley, a tratarse en esta mañana de jueves, una trampa diseñada para sacarse de encima las responsabilidades que este y otros medios han harto denunciado y para comprar con más migajas el silencio de los afectados por la inundación, quienes con reclamos y denuncias han logrado recibir un magro subsidio de 1200 pesos de un estado autista.

     De las "consideraciones" de este proyecto de ley, puede sacarse mucho jugo podrido. Cada uno de sus 12 artículos se sientan sobre la afirmación de que el bueno del gobierno se hizo cargo INMEDIATAMENTE de desarrollar "medidas de asistencia que principiaron por la contención habitacional, alimentaria, sanitaria y de vestido", lo cual no es cierto y por ende todo lo que siga respaldándose en esto tampoco. Otro punto de partida de esta ley, la segunda afirmación de la que se parte, es considerar el grave delito cometido por el estado de no cumplir con el cierre de defensas y de no evitar lo evitable, agravado por el no aviso a los damnificados, como una "catástrofe natural" o "hecho natural de grave impacto", como lo establecen los primeros párrafos. Respaldándose por supuesto en otras leyes como la 25735 y la 12106, que en vez de jugar a favor de las víctimas terminan justificando la lavada de manos tanto de la provincia como de la nación. Recordemos que la 25735, ya con media sanción en el Congreso Nacional, crea un Fondo destinado a la reconstrucción de obras y asistencia. El Ejecutivo ha previsto y solicitado para esto "la implementación por la autoridad financiera mediante las regulaciones que fueran necesarias de créditos con tasas preferenciales y especiales plazos de pago, con el objeto de brindar asistencia financiera particular a la totalidad de los sectores afectados por la inundación por el desborde del río Salado". Tanto palabrerío es sólo para que quede claro que no es verdad que las ayudas económicas eran no reintegrables, como bien lo denuncia la Coordinadora de Barrios Inundados, añadiendo que el Estado Provincial no se hará cargo de la ayuda porque precisamente basa su sustento en el Fondo Nacional mencionado y supedita esa ayuda a cómo ese fondo se vaya conformando.

     Para peor, en la misma ley, en las consideraciones de los artículos 7 y 8, se aclara que se prevé la hipótesis de una aplicación paulatina de la ayuda para el supuesto que no arriben o se demoren los recursos solicitados al gobierno nacional.

     La denuncia pública manifestada por la Carpa Negra, ataca directamente el carácter de la ley, principalmente en el punto que establece "un régimen excepcional de reparación" a los damnificados y en otro aún peor que exige "la renuncia de cualquier reclamo ulterior y el desistimiento de los ya iniciados", como límite y condición a las reparaciones, lo cual se fundamenta (en términos mismos de la ley) en "la certidumbre y tutela especial que requiere el patrimonio común de los que aportan a la solución de las consecuencias del desastre".

     Está claro que, como dijimos, con esta ley, el Poder Ejecutivo Provincial quiere eludir su responsabilidad. Además, en palabras de los damnificados "no es lo mismo una reparación excepcional, que una reparación integral que contemple los daños materiales, laborales, morales y fundamentalmente de PROYECTO DE VIDA". Nada se dice de las fuentes laborales perdidas (negocios, microemprendimientos, etc.).

     Ante este hecho vergonzoso, planeado a espaldas de la gente, los afectados por la inundación convocan a debate público con los legisladores y con quienes elaboraron el proyecto.

     Una vez más se utilizan los términos de reclamo justo con un sentido perverso, otra vez la ley se pone la máscara y sale a avalar la impunidad.