La democracia de los gestos

Por Miguel Espinaco

     Intentar algún debate racional en medio de la llamada ola K puede resultar un intento condenado al fracaso más estrepitoso.

¿Juicio a la violencia?       Es casi inevitable suponer que con la muy oportuna detención de los ex dirigentes montoneros ordenada por el Juez Bonadío se pretende instalar de nuevo la teoría de los dos demonios, ya que la causa no parece tener ningún sustento.Monner Sans se preguntaba ante un medio de prensa "cuántas pruebas pudo tener en las últimas horas el juez para estar convencido de que por lo menos a título de cómplices y/o de coautores debió tomar respecto de ellos una medida de una energía de primera línea", o sea detenerlos. En los pasillos tribunalicios se comentaba que el Juez Bonadío pretende procesarlos por dolo eventual, que es una figura que se aplica cuando el acusado debiera haberse representado los posibles efectos de sus decisiones. Como supone que en la llamada "contraofensiva", la dirección militar del aparato guerrillero debiera haber sabido "que la estructura logística estaba tomada por los servicios", considera que habría elementos para juzgarlos. De hecho, la figura es insostenible, a no ser que se pretenda juzgarlos por un error de valoración político-militar, cuestión legalmente harto dudosa.       Más allá de esta valoración jurídica, y más allá inclusive de la justicia de juzgar a los dirigentes guerrilleros si fueron cómplices de los dictadores desaparecedores y asesinos, no puede ocultarse que estas detenciones aparecen hoy con el objetivo de confundir los tantos, buscando reforzar la idea de que hubo una guerra en la que se enfrentaron dos bandos. Esta resurrección de la vieja teoría de los dos demonios tendría hoy un sutil giro de tuerca para adaptarse a los tiempos que corren: los dos demonios serían ahora uno solo.       Gracias a que el Ministro del Interior, Aníbal Fernández no se cuidó en absoluto en ocultar este objetivo, y declaró rápidamente que la orden de detención contra los ex montoneros significa que no hay "nada contra los militares", nos podemos considerar relevados de la prueba por aquello de la confesión de parte. Sin embargo, el tema involucra otra cuestión que excede la imagen de equilibrio que quiere ofrecer el gobierno.       Félix Luna, en una columna de opinión aparecida el sábado en el diario La Nación titulada "El regreso al pasado más sombrío", se lamenta de la recurrencia del tema y declara sentirse "confundido, porque hay razones valederas que asisten a quienes postulan que hay que bajar un telón definitivo a hechos del pasado que en su mayoría son irreparables, y aquellos que sostienen que los crímenes cometidos por uno y otro bando deben ser castigados no importa el tiempo transcurrido, por encima de derechos adquiridos, más allá de jurisdicciones legalmente establecidas." La forzada ingenuidad que transpira el párrafo, no alcanza para ocultar que su autor se inclina por aquello del "telón definitivo", pero peor aún, cuando define la que para él es la otra elección posible dice "crímenes cometidos", con lo cual invita a pensar en la violencia en general.      La maniobra aparece así siempre velada, pero sirve para ensuciar la cancha invitando a la saturación, a decir bueno basta, terminemos de una vez por todas con este asunto. Pero no hay que engañarse, porque lo que está en juicio no es la "violencia" de los 70, sino un plan de represión sistemático monitoreado por la CIA, un plan que tuvo un diseño prolijo de campos de tránsito, lugares de tortura, campos de concentración y estructuras logísticas aceitadas, organizadas para hacer desaparecer los cuerpos de los opositores, de todos los opositores, de los que se oponían con la pluma, con la espada o la palabra.

Es que la tan mentada onda progresista de este novel gobierno se apoya en símbolos, en gestos espectaculares, en gigantescas cortinas de humo lanzadas a una opinión pública ávida de cualquier cosa que huela a esperanza, a promesa, a cambios en una realidad que nos ha tenido a mal traer.

     El hecho de la sonada anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que resultó esta semana en una media sanción de la Cámara de Diputados, es una muestra más de esas dificultades. Muchas expectativas y muchas ilusiones fueron impactadas por este hecho, mucha sed de justicia y muchos años de lucha han sido movilizados con esta medida, razón de más para intentar una discusión racional, razón de más, porque la votación realizada por los diputados, lejos de solucionar el problema, abre nuevos desafíos a la lucha por la justicia y por la condena a los que montaron un frío y brutal plan de represión contra el conjunto del pueblo a mediados de la década del 70.

     El gobierno de Kirchner es un gobierno de gestos. El extenso arco de dirigentes que se han subido a su comparsa, reproducen esos gestos y los amplifican, le dan entidad de hechos, hacen que parezcan lo que no son. El ejemplo de Lozano, economista de la CTA ahora candidato en las listas de Ibarra, es un botón que alcanza de muestra.

     Por allá por noviembre de 2001, los santafesinos tuvimos la oportunidad de verlo en el Paraninfo, explicando apasionadamente el plan de redistribución del ingreso que proponía el FRENAPO, un subsidio de empleo de 380 pesos y una ayuda de 60 pesos por hijo a todos los desocupados. Hoy Ibarra no propone nada parecido a eso pero Lozano va en su lista. Lo que los une es una supuesta nueva forma de hacer política, o dicho de otro modo, esta gesticulación permanente que entusiasma, pero que no resuelve los problemas.

     El caso de la anulación de las leyes de impunidad también apunta a ser, apenas, otra cortina de humo. Lejos del entusiasmo de la madre de la plaza Ines Ragni, que dijo ante 2500 personas en Neuquén que estamos "más cerca del final de la impunidad para los asesinos de la dictadura", lejos del optimismo de Patricia Walsh que hablaba ampulosamente de un "día de la reconquista", los mismos políticos que levantaban la mano para votar la ley o que daban quórum para que corriera, sembraban dudas sobre sus efectos prácticos.