Sobre la aplicación de la ley antiterrorista

por Daniela Pierotti

A lo largo de estos años, que no son pocos, el gobierno de Bush ha logrado, por caminos alternativos, la ejecución perfecta del ALCA. Bajo otros nombres, a través de acuerdos binacionales, por medio de la implantación de bases militares en lugares estratégicos de Latinoamérica que ejercen control absoluto sobre enormes áreas productivas y de organización social y a través de la presión a los estados para la aprobación y el ejercicio de legislación pertinente a los fines políticos de ese macro proyecto imperialista. Así, bajo otros nombres, es como el ALCA se ha ido concretando a lo largo de nuestro continente y me atrevo a decir en una forma más efectiva que como se había propuesto en un principio. La aplicación de la Ley Antiterrorista forma parte de este paquete de condiciones que EEUU y el gobierno de Bush necesitan para seguir adelante. Las deudas externas y la corrupción política de la minoría que es responsable y sostiene también como cómplices y beneficiarios económicos las redes de crimen organizado (narcotráfico y trata de personas) y de militarismo (grupos de prácticas represivas avalados por los gobiernos) son los factores preponderantes de los que se vale el imperio para ejercer presión sobre los gobiernos. El funcionamiento de los estados como mediadores, viabilizadores y administradores de los negociados transnacionales también contribuye a que el intento de negociación de las deudas y de no implementación de dichas legislaciones sea nulo.

Con este largo párrafo, que encierra varios caminos de debate y profundización, en cierta forma trato de enmarcar el contexto de una ley aprobada entre gallos y media noche que justamente reúne en nuestro país de manera prolija una serie de artículos incluidos en el código penal y civil que fueron utilizados para judicializar la protesta y la organización social en los gobiernos democráticos.

Ahora estos argumentos han sido enumerados y ordenados en una ley única que responde a todos los códigos de la dictadura militar. La ley antiterrorista que por este medio denunciamos con anterioridad se aplica contra las comunidades MapuChe en el estado chileno, contra los estudiantes chilenos, contra los pueblos originarios del sur de Brasil, contra la liga de campesinos paraguayos, etc ahora se comenzará a aplicar en Argentina. El gobierno de Néstor Kirchner ha estado estudiando la forma y el momento de aprobarla, y lo hizo apoyado por el macrismo y la UCR, por partidos provinciales y Recrear de López Murphy. Significa que en este punto todos acuerdan. Que la propuesta del kirchnerismo forma parte del consenso de los grupos que acceden a las bancas. En realidad eso es lo que se vota, se vota la autorización para que estas asociaciones decidan lo que necesiten para permanecer en el poder. La aprobación de esta ley, es un paso más del kirchnerismo que está preparando su permanencia en el poder. Pero es mucho, demasiado más que eso.

La ley antiterrorista, aprobada el 20 de mayo pasado y sancionada el 14 de junio, forma parte de un paquete de leyes que tira por el suelo derechos que fueron ganados con la misma lucha de los pueblos y que fueron reconocidos internacionalmente. La ley antiterrorista vulnera el principio de no intervención, atenta contra el derecho de autodeterminación de los pueblos y anula el derecho de asilo político, "ya que obliga a los estados firmantes a no concederlo sobre la base de la calificación del gobierno peticionante, quien decide en su petición si el perseguido es un "terrorista".

Es decir, entre otras consecuencias, obliga a anular casi completamente las leyes de refugio político, la de migrantes, etc. Con esta ley la Argentina ha caído en el incumplimiento de los acuerdos internacionales de derechos humanos en los que ha firmado como Estado Parte. Estos acuerdos y convenciones tienen carácter constitucional. Es decir, son como anexos a la constitución nacional. Esto ha sido así debido a que a urgencia de determinadas situaciones mundiales obligan a los estados nacionales a tomar posición aunque no exista una asamblea constituyente previa. Es decir, desde un punto de vista más amplio con la aprobación de esta ley que como toda ley fascista está lejos de ser reglamentada, decía, desde un punto de vista más amplio esta ley viola la misma constitución nacional. Hasta diría que es el mejor recurso para abolir otras normas. Y en rigor, el peso con que se viene aplicando esta misma ley en los países latinoamericanos muestra claramente que tiene más peso que las leyes que avalan y protegen la lucha legítima de los pueblos. Como suele suceder, estas leyes preventivas y persecutorias terminan por instaurar con maquillaje una dictadura civil ya que autoriza a los ejércitos y a los cuerpos de seguridad de los estados a reprimir. Esta ley significa eso, la legitimación de la represión contra el pueblo organizado. Esta ley significa eso, que los estados van a seguir invirtiendo en proporcionar armas a sus fuerzas de seguridad para que las usen contra el pueblo, continuando con la política de criminalización de la protesta.

Entre varios análisis, en varias mesas de debate sobre esta ley, los militantes sociales, los cientos de militantes sociales que tienen causas judiciales en nuestro país, plantean que esta ley en Argentina no es retroactiva, es decir, que se aplica de ahora en adelante. Lamentablemente esto no será así. Este es el punto por el cual se hizo efectiva la aprobación. Pero en estos últimos años, en los países limítrofes donde se está aplicando, esta supuesta ley que no es retroactiva lo es. Lo es cuando se inventa una nueva causa sobre los militantes que ya tienen una, o cuando se inventan delitos sobre ellos, o cuando se abren causas intracarcelarias a los que están detenidos, de modo que existen varias formas y vías, que involucran a las fuerzas policiales y parapoliciales, para que se aplique en lo concreto en forma retroactiva. Y de hecho ya, en estos momentos, ha comenzado la citación en los juzgados, fiscalías de estado y comisarías de militantes sociales que ya tienen causa.

"... cuando desde diferentes sectores del poder se pide que se apliquen leyes y decretos represivos sancionados por el gobierno de Isabel Perón y la dictadura militar que nunca fueron derogados por los gobiernos electos a partir de diciembre de 1983, se han presentado proyectos de reformas al Código Penal para incluir los "delitos" previstos en estas leyes inconstitucionales.

Nos preocupa que se hayan sancionado cuando EE.UU., estado terrorista Nº 1, y sus socios imperialistas han vuelto a invadir países para quedarse con sus recursos naturales. ¿Serán el "terrorismo" y estas leyes el pretexto para que el imperio se instale en la Triple Frontera y se apropie del acuífero Guaraní, una de las principales reservas de agua a nivel mundial?

¿Acaso el gobierno nacional promovió la sanción de las llamadas "leyes antiterroristas" para perseguir y condenar a los responsables de la invasión a Irak, verdadero acto de terrorismo internacional destinado a apropiarse de sus riquezas, en el que las tropas norteamericanas e inglesas violaron sistemáticamente los derechos humanos sometiendo a los detenidos a torturas similares a las utilizadas por la dictadura genocida en nuestro país? En la exposición de motivos de la ley no se habla de este terrorismo de estado.

O estas "leyes antiterroristas" forman parte de la alineación del gobierno con EE.UU. y pretenden convertir en un perseguido a nivel mundial a todo aquel que ose defender los derechos de su pueblo, incluido el argentino. La visita de Rumsfeld, secretario de Defensa estadounidense, una semana antes y las "felicitaciones" de Bush a Kirchner el día anterior a la sanción de las leyes, tuvieron los resultados esperados, como se desprende de la velocidad en dictar estas normas, que nada tienen que ver con la realidad y los problemas de nuestro país.

La convención ratificada enuncia en su artículo Nº 1 que su objetivo es: "prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo". La dictadura más nefasta de la historia de nuestro pueblo comenzó amparándose en un decreto firmado por Italo Luder que establecía la necesidad de "aniquilar la subversión". 30.000 desaparecidos, miles de presos políticos, decenas de miles de exiliados, un país devastado por la miseria y por un plan económico que sufrimos hasta hoy fueron sus consecuencias, bajo la excusa de eliminar -también entonces- al "terrorismo" (Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Comité de Acción Jurídica, Liberpueblo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia).

Algunas cuestiones que establece esta ley

La ley sancionada por Diputados condena el terrorismo y su financiamiento con penas de hasta 20 años de reclusión y multas equivalentes a veinte veces el valor de lo utilizado en las acciones. Con esta ley, Argentina evitó ser incluida en el grupo de países no confiables para los estados que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este organismo internacional dirigido por EEUU exige adecuar las leyes nacionales a normas globales sobre represión del lavado de dinero, a riesgo de "desalentar" las inversiones externas en los países que no modifiquen sus leyes.

El concepto por el cual se considera a un individuo terrorista es no amplio, sino bien específico y recae sobre aquellas personas o asociaciones de personas que manifiesten su disconformidad con los grupos de poder. Durante la dictadura bien se aplicó sobre los grupos organizados como montoneros, ERP, etc. Desde la "democracia" puede aplicarse sobre cualquier militante social, barrial o rural, estudiantil u obrero, asambleísta o vecinalista, partidario opositor. En este sentido se aplica esta ley. Más allá de lo que literalmente aparece en sus artículos. Se basa en el derecho penal de autor y no de acto, es decir, se sanciona al individuo por lo que es y no por lo que hace. Tiene su origen en la Alemania Nazi, para ser más concretos.

"La norma fue apoyada 101 votos contra 35, con el apoyo del kirchnerismo, sus aliados del Peronismo Federal y el bloque de la Unión Cívica Radical, pero rechazada -por razones inversas- por las bancadas de centroizquierda y de derecha.

Los socialistas y el ARI juzgaron que el texto es lo suficientemente "ambiguo" como para permitir penalizar la protesta social, en tanto la macrista Nora Guinzburg dijo en cambio que "la ley no servirá para combatir ningún tipo de terrorismo".

Los centroizquierdistas votaron en contra por entender que la norma es una demanda de los Estados Unidos, en tanto la legisladora derechista del Pro de Mauricio Macri juzgó que el texto "no cumple con los estándares internacionales".

Los legisladores de centroizquierda temen que la nueva ley amplie las facultades represivas de la policía, en tanto la macrista Guinzburg rechazó los pruritos de los bloques de centroizquierda. "Qué me van a venir a hablar los comunistas de derechos humanos", exclamó en el recinto.

La diputada kirchnerista Rosario Romero admitió que en un país con una historia como la Argentina "todo lo que sea antiterrorista suena mal", pero rechazó "interpretaciones prejuiciosas" porque "estamos muy lejos de esto".

Romero pidió a los organismos de derechos humanos que "lean la ley sin prejuicios" porque la tipificación del acto terrorrista es "muy cerrada" en la norma como para incluir a la protesta social.

Sin embargo, el kirchnerista Miguel Bonasso se opuso por considerar innecesaria a la nueva ley, porque juzgó que existen normas capaces de tipificar al terrorismo y advirtió en cambio que debía legislarse para condenar el terrorismo de Estado.

Bonasso advirtió que se votaron modificaciones "apresuradas" al Código Penal con la presencia en el recinto de Blumberg. "Espero que ahora no esté en el palco el GAFI", dijo.

La nueva ley incorpora la tipificación de "acto de terrorismo" al Código Penal como "la comisión de delitos para aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo". Omite la sanción a los gobiernos y estados que en un acto o política terrorista aterrorice a la población u obligue a un pueblo o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Para constituir un acto terrorista, la acción debe desarrollar "un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político". Sin embargo todas las guerras orquestadas por Bush tienen esta connotación fundamentalista.

También puntualiza que debe "estar organizada en redes operativas internacionales y disponer de armas de guerra, explosivos y agentes químicos o bacteriológicos". La autoaplicación de EEUU de esta norma obligaría a sus funcionarios a cumplir una reclusión de cinco a veinte años por formar parte de una organización terrorista y un mínimo de diez si se los considera organizadores. Como financistas, además de la penas de reclusión, también tendrían que pagar multas de entre cinco y veinte veces el valor de lo aportado.

Esta ley, en síntesis, viene a legitimar, entre otras cosas, los casos de gatillo fácil que vienen en aumento desde 2001 (la vida de cientos de jóvenes masacrados por la policía), la caza de brujas barriales (como la que se llevó la vida de Pocho Lepratti), la represión en las marchas (como la que se llevó la vida de Kosteki y Santillán), las racias y la privación ilegítima de la libertad (como en tantas postas de gendarmería de nuestras fronteras y como en tantos calabozos de las jefaturas en nuestras provincias).

Quien no pueda creerlo o que considere esta nota alarmista, que busque en medios alternativos de toda América latina las denuncias de los abusos cometidos con la aprobación de esta ley en diferentes grupos sociales urbanos y organizaciones campesinas, sobre presos y ex presos políticos, activistas, pacifistas, ecologistas, comunicadores sociales, etc.

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