El derecho a la sospecha

Por Miguel Espinaco

     El 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, una bomba desmoronaba el edificio de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) dejando 85 muertos y cientos de heridos. Los nueve años de reclamos y de sospechas de encubrimiento parecen abalanzarse ahora sobre este presente en el que Argentina e Irán quedaron enredados en un conflicto diplomático de inciertas perspectivas a partir del 22 de agosto pasado, fecha en la que fue detenido en los suburbios de Londres el ex embajador iraní en nuestro país.

     Puede ser que para muchos el punto de inflexión en este tema debiera ubicarse en el último aniversario y en la intervención en el acto del presidente Kirchner que declaró "vergüenza nacional" a este hecho impune. Sin embargo, la verdad es que el actual gobierno argentino parece haber sido sorprendido por este giro en la causa que empezó a gestarse a principios de año. Miguel Angel Toma, ex jefe de la SIDE durante la presidencia de Duhalde, fue quien impulsó el informe que entregó en enero al juez Galeano, un informe confeccionado fundamentalmente con datos de la CIA y el Mosad, que acusaban a Irán como instigador del atentado.

     Las declaraciones de Ruckauf al juez el 13 de agosto, sobre que la voladura era obra de terroristas del grupo islámico proiraní Hezbollah que "habían contado con el apoyo de un sector del gobierno de la República Islámica de Irán" según decían los informes de los norteamericanos, resultaron la puntada final. Cuando le preguntaron a Ruckauf si la inteligencia yanqui le había suministrado pruebas respondió "no, pero estaban convencidos y yo les creí"

     Al día siguiente el Juez Galeano libró ocho nuevas órdenes de captura internacional, una de ellas la que involucra al ex embajador Hadi Soleimanpour que una semana después sería detenido por la policía Inglesa. "Pruebas suficientes me convencen de que la actividad y presencia de estos funcionarios en territorio argentino obedece a su presunta participación en la realización del atentado", escribió el juez, quien hizo lugar de ese modo al pedido de los fiscales.

     Por lo pronto - y dicho sea de paso - en la causa parece haber sido olvidado Carlos Menem, señalado por un testigo de identidad reservada que dijo que el ex presidente habría cobrado diez millones de dólares por desactivar la pista iraní ahora sorpresivamente reactivada. Y el olvido no parece cosa menor, ya que la jueza suiza Christine Junod confirmó a la revista Veintitrés (30/01/2003) que existe una cuenta a nombre de su aparente testaferro Ramón Hernández, en la que habría sido depositada esa suma.

La reacción iraní.

     Ni bien Galeano libró las últimas ocho órdenes de captura, el gobierno de Irán puso el grito en el cielo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores - por ejemplo - no dudó en acusar a Galeano de "seguir órdenes emanadas de Israel".

     A partir de la detención de Soleimanpour, los discursos se pusieron obviamente, mucho más calientes: "Esta medida responde a motivos políticos, ha sido promovida por influencia de los sionistas y pretende servir a los intereses del régimen sionista. La República Islámica hará todo lo posible por defender los derechos de cualquiera de sus ciudadanos que sea arrestado injustamente, e intentará liberarlo", dijo el Ministerio de Exteriores, Hamid Reza Asefi. El propio presidente Mohamed Jatami al que se considera un moderado, advirtió que su país no dejaría "prosperar esta infame conspiración" y expresó "la esperanza de que el gobierno británico renuncie rápidamente a tal acción y pida disculpas". Para que el incidente diplomático alcanzara aún un mayor vuelo, las autoridades iraníes decidieron suspender las relaciones culturales y económicas con Argentina, afectando potenciales exportaciones que en el 2002 habían alcanzado los 340 millones de dólares, aunque en años anteriores la cifra había llegado a rondar el valor de 900 millones de dólares.

     La presión política al interior de Irán incidió sin duda en la dureza del gobierno de Jatami. Las voces de condena en el parlamento y en la prensa se multiplicaban. "Se trata de una trama políticamente motivada por el régimen sionista y Estados Unidos y carece de base legal", decía el diputado Mussa Qorbani, mientras que el también diputado Qodrak Alijani denunciaba que la detención "está enmarcada en la política de JUL." de presionar a Irán para que haga concesiones. A su vez, el periódico conservador iraní Kayhan, reclamaba la expulsión del embajador de Gran Bretaña en Teherán, Richard Dalton. "La primera medida a tomar es castigar al gobierno británico, echando a su embajador. Esto también es válido para el encargado de negocios argentino". La cosa se ponía inevitablemente pesada "Si el gobierno iraní no expulsa a Richard Dalton la nación islámica iraní actuará por ella misma", advertía el diario, trayendo a la memoria los ataques contra la representación diplomática durante la guerra contra Irak.

     No era de ningún modo un tema nuevo. La prensa iraní había denunciado recientemente presiones del gobierno israelí sobre el argentino para "tomar medidas" contra Irán por su supuesta implicación en el atentado, mientras que los medios de comunicación oficiales de Teherán hablaban de un plan británico-argentino-israelí en el marco de la presión yanqui contra Irán, país al que Washington acusa de respaldar el terrorismo internacional, junto a Corea del Norte.

Complicaciones inglesas.

     Para el gobierno inglés la situación parece haberse convertido también en un problema que aparentemente ha alterado sus planes.

      En menos de doce meses, el canciller Jack Straw había viajado tres veces a Teherán en un plan de seducción con vistas a estabilizar la situación en Medio Oriente, desequilibrada por el plan Irak.

      La primera vez fue a convencer al presidente iraní para de que apoye la invasión a su país vecino y aunque no consiguió la autorización para el sobrevuelo de los aviones invasores, logró un status quo más que aceptable para montar la agresión. La segunda vez fue a pedir colaboración en la lucha contra Al Qaeda. El último viaje fue para pedir pista para lograr que Irán se someta a las inspecciones de su programa nuclear.

      Para medir las complicaciones que este conflicto diplomático legal puede llegar a acarrear al gobierno de Londres, alcanza con considerar que uno de los logros de su delicado trabajo de seducción fue el de conseguir la participación de los shiítas proiraníes en el diálogo político en Irak con las autoridades de ocupación, un elemento que de desestabilizarse, podría sumar nuevos problemas a las tropas acantonadas en Bagdad.

      Sin embargo, no conviene perder de vista que el incidente puede resultar también un nuevo elemento que fortalezca las presiones que Londres y su socio norteamericano vienen ejerciendo por estos tiempos sobre el gobierno iraní.

"Bajar los flaps".

     En el gobierno argentino primó la cautela El presidente Néstor Kirchner, el canciller Bielsa y el jefe de gabinete Fernández armaron rápidamente una cena en la residencia de Olivos para analizar la crisis y se pusieron de acuerdo en no apurar decisiones. "Bajar los flaps" fue la expresión aeronáutica que eligieron para definir su actitud.

      Cuando al día siguiente de la reacción diplomática iraní, se decidieron por fin a hablar oficialmente por medio de un comunicado formal, esa cautela quedó anotada en letras de molde: "El Gobierno argentino lamenta declaraciones políticas, absolutamente ajenas a la naturaleza judicial de la causa AMIA. Asimismo, resulta poco comprensible la actitud adoptada por el Gobierno de Irán de frenar las relaciones económicas y culturales entre los dos países."

      Ahorrando palabras, el gobierno nacional se corrió elegantemente del medio y puso toda la carga en manos de Galeano: "la detención del ex embajador iraní Hadi Soleimanpour en Londres resulta de un requerimiento del juez competente que conduce la investigación de la causa originada en el atentado terrorista contra la AMIA". Por otro lado, empezó a poner la lupa en los fundamentos de la extradición, porque la prueba que posee el juez está basada especialmente en informes de inteligencia que no son generalmente considerados en el derecho internacional.

      El diario Clarín lo pone en estas palabras: "en la Cancillería se preguntan si las pruebas acumuladas en la causa AMIA alcanzarán para que Londres envíe a Soleimanpour a Buenos Aires. Y si servirá un tratado de extradición de 1893. En la causa AMIA hay pistas como movimientos sospechosos del ex embajador con los correos diplomáticos humanos antes del ataque que el juez, sospecha, fueron para darle cobertura al atentado. Y mucha prueba de la SIDE basada en informes de la CIA y el Mosad. La prueba de inteligencia sirve como indicio y tiene poco peso en el derecho internacional que rige la relación entre Estados".

La justicia internacional y el terrorismo.       Está claro que el terrorismo ejercido por estas organizaciones gigantescas, por estos estados que manejan fortunas y aparatos de inteligencia intimidantes, no le sirve a los pueblos del mundo. Lejos de mejorar su situación, el pueblo árabe oprimido por sus propios dictadores y por los mercaderes del imperio, tiene que sufrir encima las represalias en forma de bombardeos a granel, de persecuciones políticas y de ocupaciones extranjeras.       Esa crítica, esa clara condena, no puede ocultar que la justicia internacional no tiene ni un gramo de justa. La prensa organiza las palabras para que algunas cosas aparezcan condenables y otras no, y después los jueces del mundo juzgan lo juzgable y lo demás se legitima como acto de guerra, o no se discute porque la opinión pública ya fue convenientemente convencida de que hay gente que nunca podrá ser condenada.       Un hombre bomba en las calles de Tel Aviv es un terrorista, el ejército israelí bombardeando blancos civiles en la franja de Gaza está ejecutando "acciones de represalia". Las palabras hacen de taparrabos para que la injusticia no parezca tanta.       De ese modo, la pretendida justicia internacional evita actuar cuando el terror es ejercido por los dueños del planeta, por los que mueven los hilos. Por eso, a pesar de que son innumerables las pruebas que vinculan a la CIA con el operativo Cóndor - operativo terrorista internacional que dejó un tendal de muertos y desaparecidos en el Cono Sur americano - a pesar de que los documentos desclasificados hace dos años por el mismo organismo desnudan su complicidad, ningún juez del mundo ha pedido la extradición a ninguno de los jefes de esa verdadera maquinaria del terror.       Por eso, a pesar de que comandó atentados a gran escala en Afganistán e Irak, con miles de bombas como las de la AMIA arrojadas desde la impunidad del cielo, el presidente norteamericano George Bush no es citado a declarar a ningún lado en ningún proceso que si existiera tendría que ser caratulado como terrorismo reiterado, en grado de alevosía.

En otras palabras, Bielsa teme que todo este asunto termine en un papelón de dimensiones internacionales, en el que Argentina termine quedando como peón de los movimientos del ajedrez imperialista en Medio Oriente.

      No es casual que la cancillería este buscando una salida elegante y que para eso se haya puesto a estudiar antecedentes de resolución de casos de terrorismo internacional, para decidir la factibilidad de hacer funcionar un tribunal argentino en un país neutral, bajo el paraguas de las Naciones Unidas.

Hijos y entenados.

     En una nota aparecida en el diario La Nación con la firma de Jorge Urien Berri, se analiza la misteriosa desaparición de la pista Siria la cual, por otra parte, se vincula a la pista Argentina, a los apoyos a nivel oficial del que podrían haberse servido los terroristas para cometer el atentado. El autor insiste reiteradamente en cómo se han ido anulando los hilos que llevan a los Sirios, para llevar todo el peso de la conexión internacional hacia el supuesto apoyo del gobierno iraní.

      "Tanto las autoridades israelíes como la justicia argentina aseguran que las voladuras de la embajada de Israel en 1992 y la de la AMIA fueron obra de Hezbollah, un grupo libanés -hoy partido político- que en todos los informes de política internacional figura respaldado por Irán y Siria. No así en los papeles de la causa AMIA, donde Irán luce solitario en su apoyo a Hezbollah" dice Jorge Urien Berri, y en otro párrafo sostiene que "resulta sospechoso este camino de dos vías paralelas y de dirección opuesta: la sobreactuación del papel de Irán y la creciente invisibilidad de Siria y los sirios, cuyo eventual protagonismo figura en los mismos documentos internacionales que hablan de Irán. Sobre todo si se tiene en cuenta que aún existe un enorme agujero negro entre los iraníes acusados por Galeano -entre ellos, el jefe del servicio de inteligencia iraní Alí Fallahijan, el ex consejero cultural de la embajada de Teherán Moshen Rabbani y el jefe del Hezbollah libanés Imad Moughnieh- y el puñado de argentinos hoy sometidos a juicio oral: el doblador de autos Carlos Telleldín y los policías bonaerenses encabezados por el comisario Juan José Ribelli."

     Es cierto que hay demasiados actores en este tema y que, como es de esperar, cada cual atienda su juego: el Juez Galeano, los iraníes, los ingleses, el gobierno argentino, los defensores de las víctimas que exigen justicia y los estrategas que diseñan en un mapa el plan de estabilización yanqui post invasión a Irak. Sin embargo, esta "omisión" parece demasiado funcional a las necesidades del imperialismo norteamericano que anda por estos tiempos, dibujando el nuevo monstruo que más tarde aniquilará para extender los negocios de Occidente.

      Al fin y al cabo, en este planeta en el que la justicia internacional tiene hijos y entenados, en los que los dominados van al banquillo cuando los dominadores lo necesitan, en el que hay terroristas aceptables y otros que no, en el que la realidad se inventa de acuerdo al libreto de la mentira en boga, la sospecha es un derecho que ya nos hemos ganado a fuerza de experiencia.