Blanco sobre negro (2º Parte)

por Daniela Pierotti

Migración latina

La Comisión Ecuménica para América Latina y el Caribe (CEPAL), plantea que los sentimientos xenófobos se alimentan de la discriminación étnica y racial. Plantea también que, en general, esta se expresa en el desprecio por el "extranjero", sobre todo si no es blanco y migra desde países con una mayor densidad de población indígena, afrolatina o afrocaribeña.

A partir de este prejuicio, que por su propia definición es irracional, se desata una serie de acciones basadas en el principio de segregación del "otro" por ser diferente a "nosotros", en este caso en el color de la piel. El Inadi, un organismo nacional que se encarga de recibir las denuncias por atentados de cualquier índole en esta materia, hizo conocer informaciones sobre la manera en que se responde en nuestro país frente a estas cuestiones. Argentina tiene una larga historia de alimentar percepciones racistas hacia los inmigrantes de países limítrofes. Pareciera que el fantasma del apartheid sudafricano de los 60, sigue recreándose avalado por políticas xenófobas que violan incluso las convenciones internacionales de Derechos Humanos de las cuales es Estado Parte.

El sistema económico actual no respeta la diversidad cultural, indudablemente necesita imponer un modelo cultural de consumo y no de autosustentación. Con excepción de Uruguay (donde fueron exterminados en 1831), en todos los países latinoamericanos hay indígenas. Ellos, los mestizos y afrodescendientes son los grupos que presentan niveles inferiores de acceso a la salud, educación, empleo, justicia y participación política que la población blanca. Han perdido sus principales medios de subsistencia básicos, su tierra y los recursos naturales. Es por eso que, desde hace varias décadas, emigran a las ciudades, donde sólo tienen acceso a trabajos precarios, mal remunerados y, en muchos casos, insalubres. Los residentes de países limítrofes viven una doble discriminación, en su país de origen debido a su pobreza y fuera de este, por su condición de extranjeros.

Particularmente, la migración boliviana a la Argentina tiene una larga historia que es parte de un sistema migratorio regional complejo. Para Bolivia, la migración hacia la Argentina representa el 73% de la población que se fue del país. Para la Argentina, los inmigrantes bolivianos son uno de los grupos extranjeros más numerosos. Como mencionamos en el informe anterior, la mayoría de la población boliviana en la Argentina está en una situación de alta precariedad socioeconómica, fuertemente agravada por la limitación o ausencia de derechos ciudadanos. Los bolivianos son acusados incluso de provocar el incremento del desempleo y la delincuencia.

Una larga historia

Ya en 1869 en el primer censo nacional de población, está registrado que había un 20% de extranjeros limítrofes en nuestro país. Hacia 1991 superaban la mitad del total de inmigrantes. Este incremento de inmigrantes limítrofes se empieza a dar después del auge de inmigración europea y tras el comienzo de la industrialización sustitutiva de importaciones a mediados de los años 30. El flujo de inmigrantes latinos siempre fue considerado un problema, no eran ellos los bienvenidos contemplados en el preámbulo de nuestra constitución.

Hacia fines de siglo XIX, casi todos los inmigrantes bolivianos se concentraban en las provincias de Salta y Jujuy, en el noroeste argentino, debido a la demanda estacional de mano de obra para las cosechas agrícolas. En un principio este ingreso al país fue una respuesta frente a la escasez de mano de obra en el sector primario de la economía de las zonas fronterizas. Entre 1938 y 1947, el desarrollo de las plantaciones de tabaco rubio implicó que "buen número de trabajadores bolivianos que terminaba con la zafra, continuaba con el tabaco en una sucesión de ocupaciones estacionales".

A partir de 1960 crece la presencia permanente de extranjeros en el Gran Buenos Aires. La ciudad ofrece oportunidades laborales, sobre todo en el rubro de la construcción debido a que, entre otras causas, las ocupaciones urbanas, no calificadas ni estables, que exigían fuerza física sufrían una escasez crónica de trabajadores.

Entre 1970 y 1980, durante los años de dictadura, el incremento neto de los inmigrantes limítrofes en la Argentina fue más bajo que en las décadas anteriores. Entre 1958 y 1992 más de 1.140.000 extranjeros de origen limítrofe llegaron a obtener su radicación definitiva mediante la tramitación habitual y la aplicación de amnistías. En 1991, residían en la Argentina 146.460 bolivianos, mientras los paraguayos y los chilenos se acercaban al cuarto de millón. Sin embargo, entre 1992 hasta 1994, el gobierno argentino dictó una amnistía que permitía acceder a la documentación legal a personas que estuvieran residiendo en el país. Entre los beneficiados por la última amnistía, el grupo más numeroso fue el de los bolivianos, prácticamente, eran el doble de los paraguayos y cuatro veces más que los chilenos.

Situación social y cultural

Un informe del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) sobre las migraciones de bolivianos en la Argentina y Estados Unidos, publicado en el año 2000, describe que para 1980 la mayoría de los inmigrantes bolivianos estaban asentados en Capital y Gran Buenos Aires y que constituían una población joven, en edad activa, y con predominio de hombres sobre mujeres, como sucede actualmente. Al tratarse de una inmigración laboral, quienes no consiguen una inserción tienden a regresar a su país. Sin embargo, lo más preocupante es el alto grado de precariedad del empleo. Las dificultades de radicación para los migrantes posteriores a 1994 los obligan a insertarse de modo informal. La tendencia de sectores empresarios a contratar de ese modo a los migrantes limítrofes y del Perú afecta incluso a una parte de aquellos que cuentan con documentación en regla. Esta inserción irregular favorece las condiciones de sobreexplotación. Todo esto obstaculiza el acceso al sistema de salud, educación, etc., además de los problemas derivados del creciente deterioro del sistema público. Es decir, su situación laboral no escapa a la situación general del país, pero se ve agravada por no disponer de derechos ciudadanos. Ya sabemos que la desocupación creció a cifras inéditas en el país y la flexibilización laboral consecuente determinó que miles de argentinos se insertaran en el circuito de la subocupación. Este proceso ha provocado cambios en los criterios de aceptación de empleo entre la población argentina favoreciendo el surgimiento de estas áreas de empleo precario que en determinadas circunstancias, como el caso de los extranjeros, reproduce formas de la esclavitud.

Políticas Xenófobas

En palabras de Alejandro Grismon, uno de los autores del informe que antes mencionamos: "para comprender la situación de los migrantes es necesario considerar también cuál es el imaginario de la sociedad." Aquí, deben señalarse en los últimos años dos oleadas de discursos xenófobos que trascendieron los mecanismos cotidianos de discriminación de los cuales son objeto los bolivianos en la Argentina.

"En la medida en que la dimensión de los flujos migratorios depende de las dinámicas económicas, es evidente que tiende a haber coincidencia entre la expansión económica en la Argentina y la llegada de nuevos migrantes, así como entre los procesos recesivos junto a la disminución del ingreso y el retorno de algunas familias bolivianas al país de origen." Paradójicamente, en esas crisis recesivas, se exacerban las manifestaciones xenófobas que adjudican a los migrantes la culpa del aumento de la desocupación y la delincuencia. Las oleadas de discursos xenófobos se dieron a mediados de los 90, en momentos de probable flujo de migrantes y a fines de los 90, en los de probable regreso a su país.

Desde los ámbitos estatales se fue constituyendo un discurso que adjudica a los inmigrantes limítrofes la responsabilidad de los problemas sociales, económicos, sanitarios y de seguridad.

En junio de 1995, Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, lanzó un Plan Laboral cuyos ejes eran el asfalto de calles y la persecución de los trabajadores ilegales. Planteó así una "defensa del trabajo argentino", mientras que en la prensa aparecían las declaraciones de Guido Di Tella declaraba en Londres: "En mi provincia, el trabajo es para los argentinos o para los extranjeros radicados legalmente" (Citado en Página/12, 11 de junio 1995).

Parte del plan de Duhalde consistía en inspeccionar los establecimientos que contrataban mano de obra extranjera y sancionar a los ilegales con el regreso a sus respectivos países. Sin embargo, al mismo tiempo impulsó una ley que habilitaba el voto a los extranjeros en la Provincia de Buenos Aires: las encuestas indicaban que más de la mitad favorecerían eventualmente al Partido Justicialista. En enero de 1999, el gobernador insistía con que "cada día hay menos trabajo y es necesario repartirlo entre los argentinos" Pocos días después, el propio presidente Menem decía que "quienes no estén documentados como corresponde, tendrán que abandonar el país" (Clarín, 14-2-1999). Inclusive, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) se sumó al discurso oficial, exigiendo al gobierno un mayor control de la inmigración. Parecía que la responsabilidad por la falta de trabajo, los accidentes laborales y los bajos salarios no era, desde esa perspectiva, ni responsabilidad del gobierno ni de las empresas ni del sindicato, sino culpa de los "bolitas" y los "paraguas" que les robarían el trabajo a los argentinos.

El 5 de agosto de 1998 la UOCRA convocó una movilización de más de diez mil obreros de la construcción para exigir mayor seguridad en las obras. Lo hizo después de varios accidentes que les costaron la vida a los trabajadores, denunciando un promedio de 85 muertes mensuales. Los obreros bolivianos concurrieron a la movilización, ya que la falta de seguridad no produce diferencias de nacionalidad. Sin embargo, tuvieron que agruparse en una columna con peruanos y paraguayos que también sufrían la discriminación de sus compañeros de trabajo. Desde las columnas del sindicato se escuchaban cánticos como "somos argentinos y peronistas" y también "somos argentinos y no bolitas".

A las fuertes manifestaciones de los funcionarios en 1999, se suman los operativos policiales diarios de detención de migrantes y la elaboración de nuevos proyectos de ley endureciendo las condiciones de ingreso y la legalización de la deportación. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó un informe titulado "Inmigración y Empleo" que mostraba la incongruencia entre las afirmaciones corrientes y los datos empíricos. Mientras que entre 1989 y 1994, casi 80 mil nuevos inmigrantes llegaron a la capital y al Gran Buenos Aires, y constituyeron el 9,5% del total de extranjeros, entre 1993 y 1998 ingresaron sólo 54.764 nuevos inmigrantes, que conformaban sólo el 6,3% del total. Debido a la recesión laboral, mientras que entre 1989 y 1994, 54.475 nuevos inmigrantes (el 16,1% del total de extranjeros) ingresaron al mercado laboral, entre 1993 y 1998 lo hicieron sólo 27.813 (el 6,8% del total de extranjeros). Las estadísticas muestran con claridad que la desocupación no era (ni es) provocada por la inmigración.

La persecución

En diez meses del año 94, se habían producido en la Argentina unas 20 mil detenciones que involucraron a inmigrantes peruanos, uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos y brasileños. En 1998, casi 21 mil personas del total de inmigrantes expulsados cometieron "distintas contravenciones", tipificadas como delitos menores. Entre esas contravenciones, por ejemplo, se encuentra el llamado "merodeo" por el cual la policía puede detener a alguien por estar esperando o dando vueltas por una calle en "actitud sospechosa". El "merodeo" es el "delito" subjetivo por "portación de cara", se los detiene por la vestimenta o el color de piel del acusado, no por comprobación alguna de su acción. Por ello mismo, su figura legal fue abolida en la Capital Federal.

Los temas de la delincuencia y la seguridad cobraron también una importancia inusitada en los primeros meses de 1999. Ese año la Policía Federal entregaba al gobierno cifras según las cuales se percibía un crecimiento significativo de la participación de extranjeros en los delitos urbanos. El secretario de Migraciones, Hugo Franco, aseguraba que el 60% de los delitos menores ocurridos en Buenos Aires eran cometidos por inmigrantes: "El delito en la capital se extranjerizó", dijo Franco. Por su parte, el Ministro del Interior, Carlos Corach, afirmaba que el 58% de los detenidos por diferentes delitos era extranjero. En ese marco, se inició una campaña de detención sistemática de inmigrantes: en una sola comisaría de la Capital Federal, en 19 días más de mil cien personas fueron arrestadas por no tener los papeles de radicación. El propio Presidente de la Nación afirmó que la Argentina le cierra las puertas "a aquellos que vienen a delinquir a nuestra Patria" y que "si uno les pide a los indocumentados que se documenten inmediatamente salta el tema de los derechos humanos".

Simultáneamente, la propia Policía Federal desmentía las supuestas cifras sobre participación de extranjeros a las que aludían los funcionarios, afirmando que "la participación de extranjeros en asaltos, robos y homicidios es ínfima. Aunque no elaboramos estadísticas que contemplen esos datos, suponemos que debe rondar entre el 5 y 7 por ciento" (Clarín, 21-1-99).

Para entonces, hacía varios años que Argentina había firmado como estado parte de la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación basadas en el racismo y la xenofobia y había asumido el compromiso de llevar adelante políticas públicas protectivas sobre los extranjeros latinoamericanos en condiciones de marginalidad.

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